La candidatura presidencial de Sebastián Sichel sufrió un revés, luego que este viernes se conocieran detalles de un sumario que la Contraloría abrió por la millonaria compra de cámaras personales para funcionarios de Carabineros durante la gestión como subsecretaria de Prevención del Delito de Katherine Martorell.
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La actual vocera del comando de Sichel es parte de la investigación que la Contraloría realizó a la licitación que permitió a la empresa Motorola Solutions Chile adjudicarse la provisión de cámaras corporales para Carabineros por el valor de $400 millones, una venta que en la mirada del ente fiscalizar presentó varias irregularidades y que en su momento fue autorizada por Martorell.
Fue tras la auditoría realizada por la Contraloría y encabezada por Jorge Bermúdez, que se detectó que las cámaras adquiridas por Carabineros no cumplían con algunos requisitos establecidos explícitamente en las bases de licitación pública, entre los cuales estaba la posibilidad que dichos artículos pudieran seguir grabando hasta 120 segundos después de ser apagados por los funcionarios policiales. Una medida que se había requerido a consecuencia de los procesos de detención por el estallido social.
Antecedentes presentados ante la fiscalía
Fue en ese punto que la empresa que finalmente se adjudicó la venta no cumplió, requisito conocido por ambas partes y que no impidió que Martorell firmara el contrato de adjudicación.
Por ello es que los fiscalizadores decidieron enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que esta instancia judicial se pronuncie respecto de hechos que podrían revestir un posible delito.
La inexistencia de constancia o evidencia respecto de los antecedentes técnicos que hacían inviable la adjudicación por parte de Motorola fueron los antecedentes que sustentaron la presentación del sumario investigativo a la fiscalía. “No hubo constancia de la revisión efectuada por la comisión evaluadora que sustente el Acta de Evaluación”, sostiene la Contraloría respecto del contrato suscrito por Carabineros y firmado por Martorell.
Los resultados del sumario indicaron, entre otras cosas, que las ofertas de Motorola y la empresa de Tecnologías Sociales Limitada (la otra compañía que participó de la licitación) no detallaron en sus anexos si sus equipos contaban con “post recording de 120 segundos”, tal como lo exigía la norma, lo cual inmediatamente significaba que sus ofertas debieran declararse como inadmisibles, cuestión que finalmente no ocurrió.
Lo mismo para el caso de la entrega de dichos equipos, ya que “no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos hayan cumplido con los requisitos exigidos en las bases de estudio”.
