- Presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos
Desde hace muchos años se viene manifestando en nuestras ciudades un fenómeno que, si bien se ha instalado recientemente en la discusión pública por las iniciativas de alta repercusión de los alcaldes Jadue y Lavín, está muy arraigado en parte de nuestra sociedad y cuyos efectos son nocivos para la salud social urbana, empobreciendo e hipotecando su futuro.
La expresión de esta apatía tiene su más clara manifestación a escala local, con foco en los barrios. Decididos a rechazar todo cambio a su estructura original, las minorías más vociferantes de vecinos generan presión mediática y política a las autoridades responsables de velar por el sano y armónico crecimiento de nuestras ciudades, quienes por temor al conflicto con sus electores terminan cediendo a intereses particulares. La polémica suscitada en el sector de Rotonda Atenas, en Las Condes, da cuenta de ello.
Quienes “ya llegaron” a barrios consolidados -en los que el Estado, gobiernos locales y privados han implementado planes de inversión en infraestructura para transporte público, conectividad, áreas verdes y servicios básicos- se sienten con el derecho a rechazar o limitar la llegada de nuevos residentes, bajo una sensación de propiedad o pertenencia mal entendidas.
¿Acaso no fueron estos mismos barrios objeto de desarrollos históricos de densificación, precisamente para que los residentes actuales pudieran asentarse en ellos? Como en aquellas oportunidades, las transformaciones que hoy se proponen deben hacerse de forma planificada, atendiendo tanto los derechos de los habitantes históricos como los de quienes aspiran a vivir en estos barrios consolidados o en vías de serlo.
La compactación de las ciudades, incluyendo las tareas de integración social y de usos de suelo compatibles entre sí, no sólo es legítima, sino que fundamental e ineludible desde un punto de vista ético, si sabemos que el 90% de la población chilena vive y quiere seguir viviendo en centros urbanos. Cada vez que se planifica y materializa, la inversión estatal, comunal o de privados debiera establecer densidades mínimas y criterios urbanísticos de desarrollo que permitan beneficiar a nuevos sectores sociales y no sólo a los que ya acceden a ella.
Este desafío requiere de un liderazgo transversal y persistente de las más altas autoridades, pues la escala de este problema y los tiempos del urbanismo obligan a una mirada amplia y de largo plazo. El modelo está siendo aplicado con éxito en las ciudades con la mejor calidad de vida del mundo.
Es evidente que la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos apoyan esta visión y demandan consecuencia. Es de esperar que la respuesta sea contundente y dirigida a fortalecer la convivencia social y el acceso a los beneficios para todos, por medio de las vías civilizadas y democráticas que nuestro país ha construido por años.
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