El gobierno de Michel Temer ordenó que las fuerzas armadas intervengan para restaurar el orden público en el estado de Rio de Janeiro. No es la primera vez que ello ocurre desde el retorno a la democracia. En el pasado las tropas han salido de sus cuarteles para respaldar a las policías. Los despliegues han sido breves con un impacto transitorio y superficial. Por un corto periodo han inhibido las actividades criminales de bandas de narcotraficantes. En varios casos, sin embargo, se detectó que los carteles de la droga operaban en connivencia con elementos policiales.
La intervención actual, en todo caso, difiere de las anteriores. Los militares tendrán pleno control. Las autoridades civiles y policiales están subordinadas al poder federal y los militares responden directamente a Temer. Para algunos la medida despierta suspicacias ya que la consideran una maniobra oportunista de Temer. Las encuestas dan al Presidente una popularidad de apenas un digito. Con la medida pretendería desviar la atención de otros problemas y proyectar una imagen de fuerza. Otros incluso creen que el despliegue castrense es un ensayo para una intervención en la vida política del país. Estos temores surgen porque los uniformados no responderán por sus actos ante tribunales civiles sino que lo harán ante cortes militares.
A mayor abundancia, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, planteó ante el Consejo de la República, el lunes, que los militares exigen “garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva Comisión de la Verdad”. El general aludía a la Comisión creada por el gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff que investigó los innumerables crímenes y torturas cometidos bajo la dictadura militar (1964- 85). Bôas pone el parche antes de la herida y busca eximir de toda responsabilidad a sus hombres ante el riesgo de enfrentamientos y las probables muertes resultantes. La pretensión castrense de quedar eximidos de toda responsabilidad es insólita.
Para algunos es una advertencia que los uniformados se preparan para una dura campaña represiva.
Con todo, Bôas tiene claro los límites del operativo militar y así lo señaló: “Combatir al crimen organizado requiere acciones eficaces de parte del gobierno en la esferas económicas y sociales para hacer menos atractivo el tráfico de drogas en sectores de la población que sufren el desempleo”.
En 2016 en Brasil murieron 4.222 personas a causa de operaciones de las fuerzas de seguridad. Los uniformados, por su parte, registraron 453 muertes. Son cifras que subrayan la ineficacia de intentar resolver problemas sociales con la fuerza de las armas. Desplegar a los militares puede agravar el problema. En lo que toca a Rio, el año pasado, registró 6.713 muertes por violencia. Esto representa 40 muertes por homicidios por cada cien mil habitantes (Brasil en su conjunto tiene 20,9). A la cabeza de Latinoamérica está Venezuela con 89 homicidios por cada cien mil. El indicador más bajo de la región lo tiene Chile: 3,3 homicidios por cada cien mil.
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