Tras el polémico desalojo masivo efectuado por Carabineros de migrantes que acampaban en la Plaza Brasil de Iquique, la Defensora de la Niñez anunció acciones legales para que el Gobierno aborde la crisis migratoria en el norte de Chile, particularmente en relación a los niños, niñas y adolescentes.
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A esto también se suma lo anunciado por el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien interpondrá una acción contra el Presidente Sebastián Piñera «por notable abandono de deberes».
A través de un video difundido en redes sociales, la defensora de la Niñez Patricia Muñoz informó que «la crisis migratoria que se enfrenta a nivel mundial y que obviamente afecta a Chile deja de manifiesto un problema humanitario, que no ha sido resuelto por el poder Ejecutivo».
«Desde hace meses, como Defensoría de la Niñez, estamos pidiendo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, específicamente a la Gobernación, a la Intendencia, a la Subsecretaría de la Niñez en la zona, que se adopten medidas para poder asegurar el bienestar de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en las plazas públicas de Iquique, deambulando por esas calles sin tener una respuesta de un Estado que ha comprometido humanidad en virtud de los tratados internacionales que ha ratificado«, agregó.
«¿Cuál es la única vía y la única solución? Una respuesta del Estado a través del ejercicio policial, que, además, de acuerdo a los antecedentes que estamos recabando, ha sido violento respecto de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad», puntualizó sobre lo ocurrido esta mañana de viernes en Iquique.
De igual forma, aclaró que «como Defensoría de la Niñez no tenemos sede en la Región de Tarapacá y, por lo tanto, confiamos que la gestión que pueda hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en razón de sus funciones y competencias legales y su presencia territorial en la zona, asegure la protección efectiva de los Derechos Humanos de todas las personas que se encuentran en esta grave situación, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes».
Lo anterior, según dijo, «sin perjuicio de que en paralelo, aunque estemos a distancia, ejerceremos las acciones legales necesarias para que esta situación, de una vez por todas, sea abordada como corresponde por el Gobierno de Chile, que no puede desatender aquellas obligaciones jurídicas que ha adquirido conforme a la ratificación de instrumentos internacionales tan relevantes como la Convención Sobre los Derechos del Niño».
