A días de la instalación de la Convención Constitucional, alrededor de 80 constituyentes se han autoconvocado para discutir una serie de dudas que aún rondan el inicio de su labor.
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Y ahí, tema central ha sido lo referente al presupuesto que tienen asignado. Si bien no tienen reproches sobre sus remuneraciones, sí presentan varias inquietudes sobre los dineros de las asignaciones.
Según se definió en la Ley de Presupuesto 2021, a cada uno le corresponderán $1.407.460 para “financiar las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la Convención”. Lo que a juicio de la mayoría no alcanza, porque, por ejemplo, de ahí sale el dinero para pagar a asesores y personal técnico.
Por eso, el tema se abordó con especial interés en los mencionados encuentros, en medio de los cuales definieron una comisión, integrada por 16 de ellos, que definió ciertas exigencias.
“Sentimos que estos temas se han abordado de forma unilateral, sin considerar la opinión de los constituyentes (…) Hay recursos que son estratosféricos, como la habilitación del Palacio Pereira, el servicio de seguridad, versus lo que se destina a los equipos de trabajo que requieren los constituyentes en los territorios, porque la Constitución se elabora con el pueblo”, explicó Gloria Alvarado, constituyente del D6 y representante de la mencionada comisión.
En ese sentido, hizo presente que para realizar el trabajo requieren pagar “sueldos dignos al equipo más cercano, y que estímanos debieran ser al menos tres personas”, aseguró.
Aún no tienen un cálculo referente a cuántos fondos más necesitarían, pero desde ya hicieron presente que no aspiran a contar con un presupuesto similar al del Congreso, sino que se comprenda la diversidad de los territorios que se estarán representando.
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En la discusión, además, acordaron que solicitarán revisión, y en algunos casos la anulación, de las licitaciones que adjudicó el Ejecutivo. Estiman que algunas son “excesivas” y que le corresponde a la Convención acordar todos los temas.
“No queremos que desde el Gobierno se sigan aprobando los recursos para tales o cuales ítem sin consulta. Queremos que los gastos sean aprobados por la Convención”, comentó Alvarado.
Consultado sobre estas solicitudes y reparos, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, dijo que el tema de las asignaciones “no depende del Ejecutivo, depende de la Convención. Depende del reglamento y del comité de asignaciones que la Convención requiera”.
Asimismo, sostuvo que “cuando el comité de asignaciones resuelva, podremos conversar si es necesario un aumento en las asignaciones. Y, por lo tanto, eso es algo que lo tendrá que definir la Convención en conjunto con el Gobierno. Nosotros encantados de conversarlo”.
Respecto de las peticiones concretas para que Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención, deje el cargo, Pavez recalcó que no es tiempo de renunciar e insistió en el “tremendo esfuerzo” que ha realizado dicha entidad.
Mayor austeridad pide Cubillos
Si bien el acuerdo reúne a más de la mitad de los constituyentes electos, no todos están de acuerdo, considerando que, dado el complejo momento económico, los recursos se tienen que priorizar.
En esa postura está Marcela Cubillos (UDI), quien comentó que “en tiempos de crisis como los que enfrentamos, no más recursos públicos para la política. El gasto del Estado debe dirigirse hacia los miles de chilenos que lo están pasando mal con esta larga crisis”, complementó la constituyente electa por el distrito 11.
Congreso se muestra disponible a petición de constituyentes
En medio del debate, parlamentarios de la Comisión de Hacienda, que revisaron en su momento el presupuesto de la Convención, se mostraron disponibles a reabrir el debate.
“Me parece que es algo razonable, que se puede discutir, sobre todo si se está pidiendo más plata para material y personal de apoyo. Con más expertos que los puedan asesorar, la Constitución va a quedar mejor y eso nos beneficia a todos”, sostuvo Guillermo Ramírez (UDI).
En los mismos términos, Giorgio Jackson (RD) recordó que en la discusión de la Ley de Presupuesto se asignaron recursos y quedó especificada la posibilidad de que se aumenten.
“Ese aumento depende del reglamento que definan las y los convencionales y es muy importante que el Estado disponga de esos recursos para garantizar su autonomía”, dijo.
