A cuatro días de que culmine el periodo de firma del Acuerdo de Escazú, pacto latinoamericano que busca dar garantías para el acceso a la información, la participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales, el Gobierno comunicó la jornada de ayer martes que determinó no suscribirlo, por “problemas con la forma”, como sostuvieron los ministros Andrés Allamand y Carolina Schmidt.
Haciendo referencia a la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio y al plan de descarbonización, eso sí, la ministra de Medio Ambiente insistió en que están comprometidos con “todos y cada uno de los fundamentos ambientales que son bases del tratado”, y que, por lo demás, Chile cuenta con una legislación ambiental robusta y pionera en la región.
¿Por qué se decide no firmar? Básicamente porque el análisis realizado estableció que, producto de la redacción del mismo, hay “importantes incertidumbres que no son posibles de solucionar”. Así, exponen cuatro argumentos: porque el acuerdo introduce principios no definidos que condicionarán la legislación ambiental; implica cambios en la legislación generando incertidumbre jurídica; introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas; y porque Chile se expondría a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y la ambigüedad de las mismas.
Sin embargo, expertos en la materia derribaron rápidamente estas definiciones, reprochando la determinación de La Moneda. A juicio de Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente, siempre se estuvo buscando “una excusa” para no firmar, por lo que catalogó las explicaciones de “antojadizas”. “Los argumentos son básicos y ya han sido refutados en las mismas personas que impulsaron el acuerdo durante el gobierno de Piñera uno y Bachelet dos”, manifestó.
En primer término, aseguró que al igual que otros tratados, este vendría a formar parte de la legislación, complementando ciertas definiciones. Las ambigüedades aludidas, dijo, son no entender el espíritu del acuerdo, pues justamente los puntos se establecen con flexibilidad para que cada país pueda hacer las mejoras de acuerdo con sus condiciones. En el mismo tono, Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público, explicó que el pacto se trata “de que cada gobierno vea cómo puede ir implementando el acuerdo. No es una vara rígida, que nos obligue a lo mismo. “Sí importa que se cumpla la progresividad y la la no regresión”.
En segundo lugar, hizo presente que la Corte Suprema ya ha revertido procesos del Servicio de Evaluación Ambiente, por lo que la judicialización de casos ya está presente, pero que se produce por eludir instancias de participación que la norma ya exige. Por su parte, la también Representante Electa del Público, manifestó que no necesariamente el acuerdo supone cambios. “Hacer cambios legales va a depender de la voluntad política del gobierno, no es obligación hacer reformas”, dijo.
Como tercer punto, Mena aseveró que el acuerdo no se trata de que los países puedan ser constantemente cuestionados, sino que aspiren a mejores estándares de transparencia y participación. Complementado este punto, Andrea Sanhueza recordó el atributo de la flexibilidad, que supone que cada Estado haga una evaluación propia y lleve a cabo un plan de implementación con acciones en el corto, mediano y largo plazo. “No hay voluntad de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de mejor forma”, apuntó.
Por último, al abordar lo referente a controversias, el exministro sostuvo que es un miedo que viene del tiempo en que Pinochet fue procesado en Londres. Asimismo, la directora de Espacio Público, indicó que cualquier persona ya puede llevar a Chile a una demanda a la CIDH, por lo que la posibilidad existe con o sin Escazú. “Ya tenemos ese derecho. Y además, ante lo de la Corte Internacional, no es cierto que un país va a estar obligado a ir”, sentenció.
Gabriela Burdiles y no firma de Escazú: “Simplemente no hay voluntad política para avanzar”
Al abordar la determinación del Gobierno, Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de la ONG Fima, estimó que en fondo, se entregaron argumentos que demuestran que “no hay una voluntad política por avanzar en aspectos ambientales”.
-¿Qué lectura haces de la determinación considerando que Chile quiere ser líder en materia ambiental?
Se quiere ser líder, pero que esto no impliquen tener que modificar legislación y hacer cambios internos. Es contradictorio, porque nos parece que lo primero debería ser abrirse a la cooperación y no cerrarse a que se cuestionen las prácticas. No es coherente.
-¿Crees que hay miedo a que esto suponga una parálisis en el sector productivo?
Me parece que sí, porque el argumento de la incerteza jurídica es lo que ha predominado en las discusiones de los grandes cambios regulatorios. Lo que plantea la postura del gobierno es que esto vendría a modificar normas que hoy son claras y que estaríamos obligados a hacer ajustes.
-¿Crees que esto marca un precedente de cara al debate constituyente?
Sin dudas. Escazú habla de vivir en un medio ambiente sano y ya está en la discusión el tema de una Constitución ecológica. Esto deja ‘dando bote’ ciertos temas que efectivamente podrían recogerse en un proceso constituyente. La polémica por la no firma ha abierto dado pie a un reconocimiento y apoyo a los conceptos de justicia ambiental que antes no teníamos. Las cosas se pueden hacer distinto.
