Durante esta jornada se dio a conocer un documento de 12 páginas con los «planteamientos del Gobierno de Chile respecto al acuerdo de Escazú», el que requiere la concurrencia de 11 países para entrar en vigencia y hasta ahora lo han ratificado 9. Los países tienen hasta el 26 de este mes para adherir al pacto, el cual los dota de un marco jurídico ambiental.
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En el texto, elaborado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente se ratificó la posición del Ejecutivo de no firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Previamente, el canciller Andrés Allamand había señalado que suscribir el acuerdo era «inconveniente para Chile».
En el documento se plantea que «desde un punto de vista técnico, el Acuerdo contiene normas que, conforme a su tenor literal, podrían ser eventualmente interpretadas como auto ejecutables, y otras que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. En efecto la aplicación de los principios, definiciones y disposiciones generales del Acuerdo sumado a su carácter supra legal, abre una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable».
«En ese sentido, el Gobierno de Chile considera inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú, atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y, planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica», complementa el escrito.
«Además, el acuerdo expone al país a demandas ante Tribunales Internacionales por problemas de interpretación de estas nuevas regulaciones. Finalmente, hay que agregar que el Tratado no admite reservas y que establece diversas obligaciones ambigas para el Estado de muy compleja implementación», indica el texto.
Así, el Gobierno justificó su decisión de no suscribir el Acuerdo de Escazú en cuatro puntos:
1. El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
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2. El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
3. El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
4. El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
