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Paquetes-bomba: en prisión preventiva quedaron Mónica Caballero y Francisco Solar

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Mónica Caballero y Francisco Solar, imputados por envío y colocación de artefactos explosivos, homicidio frustrado, daños calificados y otros delitos cometidos en Huechuraba, Las Condes y Vitacura en 2019 y 2020. El tribunal dio un plazo de investigación de 6 meses.

En el caso de Solar, la Fiscalía Metropolitana Sur le imputó el envío de paquetes-bombas en julio de 2019 a la oficina del exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ubicada en el edificio del grupo Quilenco en Las Condes, y a la 54a. Comisaría de Carabineros de Huechuraba, la que explotó y ocasionó lesiones a 8 funcionarios.

Además, se le imputaron dos artefactos explosivos que detonaron en febrero de este año en el edificio Tánica de Vitacura. Por estos dos últimos hechos también fue formalizada Mónica Caballero, pareja de Solar. Ambos se declaran abiertamente anarquistas.

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Los paquetes bomba contra Hinzpeter y la comisaría de Huechuraba fueron enviadas el 24 de julio de 2019 desde una oficina de Correos desde la comuna de El Bosque, y llegaron a sus destinos al día siguiente. En el caso del edificio Tánica, los imputados llegaron en vehículo a depositar los artefactos explosivos.

Ambos fueron detenidos en la mañana de ayer viernes en sus domicilios de Santiago Centro en el caso de Caballero, y de Quinta Normal en lo que respecta a Solar.

El 1 de junio de 2012, después de 8 meses de bullado juicio, el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago absolvió a los seis imputados del primer caso Bombas, que comenzó a cargo del entonces polémico fiscal regional Sur, Alejandro Peña, quien después fue removido. Entre los acusados estaban Caballero y Solar, quienes recibieron millonarias indemnizaciones.

Tras este episodio la pareja viajó a España, donde estuvo más de tres años presa por colocar una bomba en la basílica de El Pilar de Zaragoza el 2 de octubre de 2013. Ambos se casaron en la cárcel y fueron expulsados a Chile en marzo de 2017.

En esta oportunidad, el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó contar con «cuantiosa evidencia biológica, fotográfica y fílmica» para formalizar a los anarquistas y descartó un nuevo caso Bombas como el que dirigió el ex fiscal Peña.

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