El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó su extrañeza ante la posibilidad de que el diputado PS Marcos Ilabaca lleve al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de ley que aumenta las penas para quienes incumplan las normas sanitarias en la pandemia, como la cuarentena, el cual fue aprobado este miércoles y despachado a ley por la Cámara.
La reforma incluye penas de prisión de hasta tres años e incluso hasta cinco años en caso de poner en riesgo al resto de la población al salir a la calle a sabiendas de que se es portador de covid-19.
Ilabaca sostuvo en el debate de la sala que la nueva norma sancionará a la población más vulnerable, “a los que menos tienen”, y que se ven obligados a salir a la calle.
“No es posible establecer una figura penal a través de una normativa infralegal (…) Creo que esta norma presenta graves vicios de constitucionalidad en el derecho penal estricto. Entonces, esperamos que sea el TC el que defina la constitucionalidad», dijo posteriormente Ilabaca, en un punto de prensa.
A su vez, su compañera de bancada, Maya Fernández, expuso que “la cárcel no es el camino» porque “este proyecto va a sancionar a quienes más lo necesitan, a quienes tienen que salir día a día porque la crisis sanitaria y la crisis económica los ha afectado».
En La Moneda, donde Blumel justamente celebró la aprobación del proyecto, el ministro se refirió a la opción de que la iniciativa termine en el TC: “Es un anuncio, hay que ver si efectivamente ello ocurre, pero también yo quisiera ser muy claro: este proyecto avanzó con amplias mayorías. De hecho, en el Senado lo aprobamos por una votación muy importante, donde los parlamentarios y senadores del PS concurrieron con su voto favorable».
Según el jefe de gabinete, “habría que esperar y ver si es que efectivamente hacen o no hacen uso de esa posibilidad. Pero llama la atención de que haya tenido el voto favorable de los senadores socialistas y que hoy haya generado dudas en el sentido contrario».
Blumel defendió que «con este proyecto vamos a contar con más instrumentos, con más herramientas para sancionar a quienes pongan en riesgo la salud de la población… Lo hemos dicho una y otra vez, lo primero es la responsabilidad, el cumplimiento de los deberes ciudadanos, pero el Estado también un deber, cuando hay personas que no cumplen y cometen un delito contra la salud pública, también tienen que ser sancionados por el grave daño y perjuicio que están causando”.
El ministro del Interior descartó que la nueva ley vaya a perjudicar a la población más vulnerable. “Este proyecto lo que hace es establecer un conjunto de instrumentos para sancionar a quienes no cumplen la ley, y esto es independiente de la condición socioeconómica o de la realidad de cada persona», dijo.
Además, añadió que «en particular, en este caso, el proyecto además contempla una serie de alternativas para poder considerar cada situación en función de la realidad y por eso, la regla general establece la posibilidad del trabajo comunitario, pero por supuesto, si se hace necesario ante incumplimientos graves, obviamente van a haber sanciones muchísimo más duras, incluyendo penas de cárcel hasta los cinco años», explicó el ministro.
La Cámara de Diputados había despachado más temprano a ley el proyecto que endurece las sanciones por incumplir las normas sanitarias durante la pandemia, con 85 votos a favor, 61 en contra -todos de la oposición- y dos abstenciones.
La iniciativa modifica el artículo 318 del Código Penal y sanciona con multa de hasta 200 UTM (más de 10 millones de pesos) o hasta tres años de cárcel a quienes infrinjan las medidas, las que son independientes respecto de las que puede imponer la autoridad sanitaria mediante sumarios, cuyas multas llegan hasta 50 millones de pesos.
Además, la reforma aprobada establece que quienes conscientemente pongan en riesgo a la población -es decir, personas confirmadas con covid-19 positivo que no cumplen el aislamiento-, podrán ser sancionados con penas de hasta 5 años de presidio y una multa que supera los 12 millones de pesos.
Aunque la reforma no fue una iniciativa del Gobierno, sino que de parlamentarios oficialistas, La Moneda patrocinó su tramitación ingresando las urgencias respectivas para su discusión.
