El Rey Juan Carlos I de España está siendo investigado por una presunta participación irregular en la construcción del tren de alta velocidad (AVE) que une las ciudades de Medina y La Meca en Arabia Saudita, obra que fue liderada por empresas españolas.
Este lunes, la Fiscalía del Tribunal Supremo de España acordó investigar el rol que jugó Juan Carlos I en la adjudicación de la obra a empresas españolas, después de que el Ministerio Público, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, trasladara esta investigación al alto tribunal, al afectar directamente al ex jefe de Estado, quien ya no es inimputable, pero sigue aforado.
Con esta determinación, el Tribunal Supremo debe «delimitar o descartar» la relevancia en lo penal de los hechos ocurridos después de junio de 2014, cuando Juan Carlos de Bordón abdicó y con ello perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
De acuerdo a fuentes citadas por el diario El País, la investigación que venía llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción ha constatado indicios de delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Los antecedentes recabados lo sitúan en 2008, cuando aún era jefe de Estado, por lo tanto, lo que corresponde ahora al Tribunal Supremo es dar con los hechos ocurridos después de su abdicación.