En trascendental sesión que comenzará hoy a las 10:30 horas y hasta su total despacho, la sala de la Cámara de Diputados se abocará exclusivamente a la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Todas las expectativas están puestas en la manera en que votarán los diputados DC. Aunque no hay orden de partido, tanto el presidente de la colectividad, Fuad Chahin, como el jefe de bancada, Gabriel Ascencio, llamaron a sus camaradas a aprobar el libelo. Abiertamente indecisos se han mostrado Matías Walker y Jorge Sabag.
La acusación fue presentada formalmente el pasado 5 de septiembre por once diputados y diputadas, para lo cual se designó, el 10 del mismo mes, una comisión especial encargada de analizar su admisibilidad.
Ayer, la comisión que presidió Celso Morales (UDI) e integraron Catalina Del Real (RN), Maite Orsini (RD), Hugo Rey (RN) y Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI) concluyó su trabajo y por cuatro votos a favor y uno en contra, rechazó la admisibilidad de la acusación en todos sus capítulos.
Conforme a lo anterior, resta a la sala ahora pronunciarse sobre el asunto. En primer lugar, corresponderá abordar la llamada cuestión previa, a cargo del abogado Francisco Cox, defensor de la ministra. La cuestión previa apunta a discutir si la acusación cumple o no con los requisitos que la Constitución Política señala para su presentación.
Para este efecto, la Cámara solo resolverá sobre el punto tras oír a los diputados miembros de la comisión informante. Si la Cámara acoge la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la rechaza, se entrará al fondo del debate.
Para dicho evento, dado que la comisión recomienda rechazar la acusación, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso estipula que se entregue la palabra a un diputado que la sostenga, en este caso el diputado DC, Mario Venegas, y después podrá contestar la afectada o, si esta no lo hace, un diputado partidario de que se deseche.
El libelo acusatorio se encuentra dividido en cinco capítulos, que consignan brevemente lo siguiente:
Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de Admisión Escolar a los apoderados.
Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.
Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros aspectos.
Cuarto capítulo: se habla de que la ministra «no actuó conforme a los deberes legales y no realizó las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos por personeros nominados bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet.
Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales.
Por acuerdo de los comités parlamentarios, a contar del inicio de la sesión se suspenden las comisiones, independientemente de que se encuentren discutiendo proyectos de ley con urgencia calificada de “suma” o “discusión inmediata”.
