Cuando va al supermercado y se dirige en la búsqueda de sus marcas preferidas ¿las escoge porque son las más le gustan o también porque dominan toda la estantería? Quizás sea un poco de ambas.
En Argentina están trabajando en una norma que cambiaría eso. Se trata de la “Ley de Góndolas” que reúne dos iniciativas, que entre sus principales objetivos está –aparte de controlar la disparada inflación en el vecino país- establecer condiciones más igualitarias entre los productos de empresas grandes y chicas.
Así, los supermercados no podrían tener menos de cuatro proveedores para un mismo producto, se le prohibiría que negocien con sus proveedores acuerdos especiales de descuentos por volumen, que artículos de una misma empresa o grupo económico no supere el 30% del espacio en cada estantería y asegurar 10% de espacio a las pymes.
La iniciativa ha sido resistida por los gremios del sector al otro lado de la cordillera. «Las grandes cadenas atraviesan un momento difícil y una medida de este tipo va a generar daño, especialmente en materia de empleo», aseguró Juan Vasco Martínez, el director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), consigna La Nación de Argentina.
Esta norma resurge en un momento en que la economía atraviesa por una severa crisis económica con una inflación casi incontrolable, pero considerando los casos de colusión que hemos conocido en nuestro país y donde es evidente que las grandes marcas acaparan las estanterías de los supermercados ¿podría evaluarse una norma similar acá en Chile? Expertos consultados por Publimetro no lo ven necesario ni viable constitucionalmente.
Gonzalo Arias, abogado y académico de la Escuela de Derecho de la U. Mayor sostiene que acá existe un mercado con libre competencia, “y, por lo tanto, es el mercado es el que en primera instancia fija las reglas del juego y además tenemos una legislación que protege la libre competencia”. En ese sentido, añade que “la disposición de los productos ya depende de la política de cada supermercado”.
Con unas norma “bastante robusta” en ese sentido, apunta que una ley así en Chile se toparía con dos escollos nada más y nada menos que de corte constitucional: el derecho de propiedad y el de desarrollar cualquier actividad económica.
“Supongamos que yo soy uno de los productores y tengo una posición considerable en el mercado y por parte de una legislación se establece que ahora solo un porcentaje máximo de mis productos van a estar a disposición en las góndolas en favor de otros productores, entonces eso atenta a mi derecho a desarrollar una actividad económica, porque se están estableciendo restricciones”, explica Arias.
Por otro lado dice que se afecta el derecho de propiedad, como consecuencia de lo anterior, «porque evidentemente que yo voy a ver perjudicado mi patrimonio como empresa si es que puedo promocionar un porcentaje inferior al que normalmente estoy promocionando en las góndolas”.
No es tan determinante en las ventas
El proyecto trasandino es defendido por quienes lo promueven, porque dicen que otorgaría a los consumidores el poder elegir entre una mayor variedad de marcas por producto y a mejores precios.
Sin embargo, la cantidad de presencia que una marca tenga en una estantería o la posición donde se ubique no sería tan determinante. “Existe evidencia respecto a que algunas posiciones en la góndola pueden impactar en las ventas. En esto, no solo influye la posición absoluta, sino que también cómo está ordenada la góndola y qué otros productos están alrededor. Sin embargo, estos efectos son relativamente pequeños», asegura Marcel Goic, director del Centro de Estudios del Retail (Ceret) de la Universidad de Chile.
Entre todos los estudios relacionados al tema, menciona un dato. “Los productos que se ponen arriba de la góndola tiene algo así como 20% más de atención que aquellos que se ponen abajo. Sin embargo, esa mayor atención no necesariamente se traduce directamente en ventas”, indica.
Sí opina que se podrían aplicar incentivos para que los pequeños productores tengan mayor exposición de sus productos dentro de este tipo de locales. «Pienso que no es buena idea imponer restricciones rígidas”, sostiene.
De hecho, afirma que aplicar reglas de ese tipo, incluso podría perjudicar a las pymes, porque “algo que podría pasar es que aumenten los costos de reposición o que los productores menores simplemente no tengan las capacidades logísticas para reponer con los estándares que demanda la industria”. Si cree posible establecer cuotas de espacio a empresas más pequeñas, pero en todo el espacio del que disponga el supermercado.
