La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal y que obliga a sacerdotes, profesionales y otros a denunciar los abusos sexuales a menores, a pesar del secreto de confesión o profesional. La iniciativa pasó al Senado.
El proyecto busca ampliar el espectro de personas obligadas a denunciar delitos cuando se refieran a hechos ilícitos «cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes y/o adultos que por sus condiciones físicas o mentales requieren de especial protección».
La obligación recién indicada está dirigida a «las autoridades eclesiásticas de cualquier confesión religiosa, sea de derecho público o derecho privado, y, en general, los obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes, religiosas u otras personas que conforme a las reglas de cada denominación religiosa detenten algún grado de autoridad sobre una congregación o grupo de personas en razón de la práctica de alguna creencia».
Asimismo, la obligación de denuncia afectará a los directivos de asociaciones, fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativa, deportiva o de otra índole.
La propuesta, además, determina que cuando la omisión de denuncia recaiga sobre uno o más delitos cometidos en contra de niños, niñas, adolescentes o personas que por incapacidad física o mental no puedan ejercitar por sí sus derechos, se aplicarán las penas que la legislación penal contemple para los encubridores del delito cuya denuncia se omite.
En la discusión se presentó una indicación para exceptuar esta obligación en caso de secreto de confesión o profesional, pero fue rechazada.
El proyecto se inició en una moción de los diputados DC Raúl Soto, Gabriel Ascencio, Iván Flores, Manuel Matta, Joanna Pérez, Víctor Torres, Mario Venegas, Daniel Verdessi y Matías Walker; junto al independiente Renato Garín.
