Estafa e infracción a la Ley de Propiedad Intelectual son los delitos que investigó la Fiscalía de Rancagua, tras una querella presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha, quien denunció sufrir un perjuicio económico de $ 1.335 millones.
La indagatoria abierta en junio de 2016 permitió al Ministerio Público formalizar a Sebastián Dávalos,su esposa, Natalia Compagnon, y al socio de la empresa Caval, Mauricio Valero. En este último caso la fiscalía decidió no perseverar.
Luego de ordenar un centenar de diligencias, el 10 de diciembre pasado el fiscal Francisco Caballero presentó la acusación en contra de Compagnon y Dávalos como autores de delito consumado.
Por estos hechos, el ente persecutor pidió 4 años de cárcel para cada uno y la aplicación de una multa de 25 UTM ($ 1.207.625), según informó La Tercera.
Si bien la causa fue reabierta tras una petición de nuevas diligencias del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la parte querellada está a la espera de la nueva acusación, fuentes de fiscalía aseguran que los delitos y las penas requeridas no se modificarían. Tras la acusación se realizará la audiencia preparatoria y luego el juicio oral.
En el escrito de la acusación, de 99 páginas, la fiscalía señala que presentarán en el juicio oral 404 documentos, 16 informes periciales y 72 testigos. Entre ellos están las hermanas de Sebastián Dávalos: Sofía Henríquez Bachelet y Francisca Dávalos Bachelet. También está la exjefa de gabinete del gobierno de Bachelet, Ana Lya Uriarte y el exsíndico Herman Chadwick, entre otros.
La acusación del Ministerio Público detalla que a través de Caval la pareja habría vendido a Gonzalo Vial ocho informes técnicos plagiados a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Según la fiscalía, los documentos fueron vendidos y “supuestamente elaborados por los especialistas del equipo multidisciplinario que la imputada Sra. Compagnon Soto refirió que sociedad Caval tenía, situación que no era efectiva, dado que correspondían a informes y presentaciones confeccionados por Cochilco y su Dirección de Estudios y Políticas Públicas, textos legales disponibles en la página web del Congreso Nacional y a una presentación para un seminario internacional, documentos todos asequibles en internet”.
La acusación agrega que “los imputados Compagnon Soto y Dávalos Bachelet, sin estar expresamente facultados para ello, utilizaron obras de dominio ajeno, las que fueron entregadas a Gonzalo Vial Concha como trabajos originales elaborados por la sociedad Caval, utilizando en algunas de las carátulas de los documentos entregados el nombre Caval Inversiones Mining Services, nombre que no le era propio a Caval y que no corresponde a ninguna entidad con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos”.
Se señala, además, que Compagnon ofrecía servicios de auditoría tributaria, planes maestros de bienes raíces y evaluación de proyectos portuarios, “sin contar ni con la calificación personal ni con un equipo profesional idóneo”.
Agrega que el 2012 se creó Caval para dar respaldo a las ofertas que hicieron a Vial, pero que “Caval no tenía, ni tuvo con posterioridad, los medios ni los profesionales idóneos para la realización de los servicios que ofertó”.
