Bastó que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) dispusiera de un formulario en su página web para unirse a la demanda por obsolescencia programada de Apple para que causara toda una fiebre entre las personas.
Tras poco más de dos días, más de 100 mil chilenos se unieron a la causa y entregaron sus datos. Hoy, además, ya van sobre 131 mil. No descartando la posibilidad que esa cifra se duplique, desde la Odecu ya celebran ese antecedente como un «récord histórico». No por nada, el caso ya llamó la atención en España, Perú y Estados Unidos.
“Esto es un éxito sin precedentes en la historia de la defensa de los consumidores de nuestro país», señaló Stefan Larenas, presidente de la agrupación de consumidores. Esto se basa en que, de acuerdo a los registros históricos de este tipo de acciones legales, nunca antes se habían inscrito voluntariamente tantos afectados para ser parte de una demanda colectiva, en el marco de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores.
La denuncia que sindica a Apple como la causante de enviar parches de actualización maliciosos con el objetivo de ralentizar los sistemas operativos de sus iPhones y mermar sus baterías, podría ser todo un hito en el mundo.
Si bien existen varias causas del mismo tipo en todo el planeta, sobretodo en Europa y Estados Unidos, jamás ha ocurrido que la justicia, en cualquier rincón del mundo, falle a favor de los consumidores y obligue a una megacompañía tecnológica a recompensarlos.
Eso, porque la Odecu quiere que Apple y sus proveedores en Chile paguen 126 mil pesos por cada usuario afectado que compró los iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE, entre los años 2014 y 2017.
A la fecha el único caso exitoso ha sido en Italia. La Autoridad Italiana Garante de la competencia (Agcm) castigó en octubre pasado a Apple y Samsung por caer en «prácticas injustas» con sus clientes, e impuso una multa de 10 millones de euros para Apple, y de 5 millones de euros para Samsung.
En el fallo europeo, se estimó castigar a la marca de la manzana por «obligar a los consumidores a descargar algunas actualizaciones en sus teléfonos móviles que causaron graves disfunciones y redujeron significativamente su funcionamiento (…) propusieron insistentemente la descarga de software que sus aparatos no podían soportar correctamente, sin informarles adecuadamente».
A eso, precisamente, es lo que quiere apuntar la Odecu. Las quejas por obsolescencia programa llevan poco más de un año en el mundo, a pesar de que varios expertos lo catalogaron como «un secreto a voces en el mundo» hace varios años atrás. Por eso, la agrupación chilena trabajó durante más de un año para recabar antecedentes.
El sustento
Juan Sebastián Reyes, abogado que lidera la demanda, cuenta a Publimetro que nació de «un levantamiento de la información que había en Estados unidos. Hay una serie de informe de expertos que hablaban de esto hace mucho tiempo y tomamos contacto con gente de los sitios especializados en tecnología de allá que acusó la obsolescencia programada».
Por su parte, Tomás Carbonne Pérez, abogado que apoyó en la parte técnica de la demanda, cuenta que se apoyaron en casi 60 demandas que están alojadas en los tribunales de California. ¿El principal sustento? «Hubo una investigación en un sitio especializado. Se analizó a los teléfonos y se concluyó que el software tenía un dispositivo (parche) encargado de ahogar los dispositivos», dice el abogado.
Esa investigación, que se publicó a fines de 2017, hizo que la propia compañía, en un lenguaje críptico, confesara que sus actualizaciones sí perjudicaban las baterías de litio. Por lo mismo, señalaron que en las futuras notificaciones de actualización, propondrían al usuario si privilegiar la interfaz del equipo o el desempeño de las baterías. Además, rebajaron el precio del recambio de las mismas a menos de 30 dólares.
Si bien el equipo de abogadas señala que sería «atrevido anticipar un fallo favorable», explican que «a la luz de las experiencias, y la cantidad de usuarios registrados, da una señal bastante clara. Lo primordial, que la adulteración en estos aparatos existe. No conozco a nadie con iPhone que no diga tener problemas después de un tiempo si no se trata del modelo del año», afirma Pérez.
Además poseen «informes de ingenieros computacionales expertos que avalan la situación técnica que hace sustentable la demanda. Cuando la denuncia se declaró admisible, otras organizaciones de Perú, Brasil, Colombia y Argentina nos pidieron consejos para llevar adelante demandas similares», confiesa Reyes.
Fiebre por sumarse
Contabilizando demandas colectivas por inscripción voluntaria, la causa contra Apple no tiene comparación posible. Cuando se liberó el formulario en la página de la Odecu, se registró una persona por segundo con sus datos durante las primeras 72 horas. Por estos días la suma crece al orden de las 2 mil personas por día, pasando ayer de las 128 mil a las 131 mil esta mañana.
¿Cuál es el plazo para sumarse a la demanda? Bastante, ya que la inscripción es válida mientras el juicio esté vigente.
Otro antecedente no menor es el sistema de indemnización. Reyes explica que le exigen al Tribunal que Apple repare los equipos o los compre al precio de mercado para compensar.
De ser imposible lo anterior, piden una compensación de $126 mil. Esa cifra hace referencia a una «Indemnización de tiempo». el cálculo es anual y hace referencia a una «indemnización por tiempo». «Le solicitamos al Tribunal que indemnice por la pérdida de tiempo que la obsolescencia causó en las personas», dicen.
La Odecu estimó que los perjudicados por las actualizaciones maliciosas perdían al menos 5 minutos diarios de productividad. Y eso, en base a una remuneración mensual de $500 mil, significaba al año un perjuicio de tiempo laboral anual por $126 mil.
¿Que quiere decir esto? que si la justicia fallara a favor en los términos de la Odecu en 2020, una persona que compró un iPhone 6s en 2016 y lo siguió usando hasta esa fecha, debería recibir $630 mil de indemnización por los 5 años de perjuicios acumulados.
