El fiscal general Pedro Chávarry renunciará el martes ante una junta de fiscales supremos de Perú luego del clamor para que dimita por presuntamente obstaculizar investigaciones a políticos implicados en el caso Odebrecht, según anunció él mismo.
Chávarry dijo que presentará su dimisión al cargo el 8 de enero con el fin de proteger la “autonomía del Ministerio Público”, indicó el lunes vía Twitter, después de que la semana pasada el presidente Martín Vizcarra presentó al Congreso unicameral un proyecto de ley para declarar en emergencia al órgano constitucionalmente autónomo encargado de investigar y perseguir los delitos en Perú.
El colegio de abogados de Lima suspendió el domingo el título de abogado de Chávarry.
La investigación del equipo especial de fiscales peruanos del caso Odebrecht abarca 40 indagaciones, más de 300 personas y decenas de empresas, todas ligadas a la corrupción de la constructora brasileña en Perú, que repartía sobornos a cambio de contratos para obras públicas. Los casos más importantes son las investigaciones a la lideresa opositora Keiko Fujimori, presa de forma preventiva por 36 meses, y al expresidente Alan García, quien tiene prohibido salir del país por 18 meses.
Chávarry asumió el puesto de fiscal general en julio, y a su juramentación no asistió Vizcarra, quien en repetidas oportunidades pidió que se apartara del cargo. Poco después la fiscal Rocío Sánchez, del puerto de El Callao, señaló en un informe que Chávarry y otros dos fiscales supremos formaban parte de la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, según la denominó la policía, torciendo la justicia para escalar en el sistema judicial o por dinero.
En el Congreso se acumularon tres acusaciones constitucionales que buscaban retirarlo del puesto desde octubre, pero la protección que recibió del partido Fuerza Popular de Fujimori, y del partido Aprista Peruano, encabezado por García, impidieron que los pedidos avancen. La semana pasada Chávarry destituyó a dos fiscales claves que investigaban a políticos involucrados en la corrupción y lavado de dinero de Odebrecht, pero se desataron protestas masivas en todo Perú, por lo que se vio obligado a restituirlos en sus puestos dos días más tarde.
Poco después perdió el apoyo de los partidos políticos que lo protegían, y fiscales de todo el país exigieron su renuncia.
Fujimori es investigada por supuestamente lavar 1,2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial en 2011, mientras que a García se le indaga por presuntamente recibir 100.000 dólares de un fondo usado para pagar coimas. El exmandatario intentó eludir la justicia al solicitar asilo en la embajada de Uruguay, el cual le fue negado.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú, la cual ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía peruana investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
Maduro persona non grata en Perú
El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra bloqueará el ingreso de miembros de la cúpula del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de sus familiares al país andino, informó el lunes la cancillería.
El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, dijo a la radio local RPP que entregarán durante la jornada a la agencia migratoria peruana un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, así como de sus familiares, para evitar su ingreso. Pese a que los venezolanos no necesitan visa para entrar a Perú, el canciller indicó que la ley permite colocar restricciones de carácter migratorio.
Popolizio añadió que también se enviará información a las entidades que supervisan el manejo de transferencias bancarias en Perú para bloquear posibles movimientos de personas vinculadas al mandatario venezolano, quien el jueves comenzará un nuevo periodo de seis años y cuyo gobierno será desconocido por Perú y otros 12 países que integran el Grupo de Lima. México, miembro del bloque, no se sumó al pronunciamiento por su política internacional de “no intervención”.
“Hemos mandado un mensaje político claro, categórico al régimen de Maduro”, agregó Popolizio.
Hace tres días, el Grupo de Lima acordó que no reconocerá el nuevo mandato de Maduro y lo instó a entregar el poder a la opositora Asamblea Nacional hasta que se convoquen a nuevos comicios. El bloque también sugirió a los países miembros impedir el ingreso de familiares de la cúpula del presidente venezolano, así como bloquear posibles transferencias bancarias en cada uno de los países integrantes.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía conforman el Grupo de Lima, que se creó por iniciativa de Perú en 2017.
De acuerdo con las Naciones Unidas, desde 2015 unos 2,3 millones de venezolanos han migrado debido a que el país sudamericano está sumido en la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos socialistas caracterizada por una hiperinflación, la escasez de productos básicos como alimentos y medicinas y una profunda recesión.
