El nuevo presidente de Brasil Jair Bolsonaro emitió el miércoles decretos relacionados con los grupos indígenas, las ONGs, los descendientes de esclavos y la comunidad Lgbt en las primeras horas de su gobierno, actuando con presteza tras una campaña en la que el político de extrema derecha prometió que reformaría radicalmente muchos aspectos de la vida en la nación más grande de Latinoamérica.
El ex capitán del ejército emitió también un decreto temporal que le permitirá al gobierno «supervisar, coordinar y monitorizar las actividades y acciones de organizaciones internacionales y ONG en el territorio nacional», orden que expirará en un plazo de 120 días si no es ratificado.
Otro de los decretos retiró las preocupaciones planteadas por la comunidad Lgbt de los temas a considerar por el nuevo ministerio de derechos humanos.
Al retirar las preocupaciones planteadas por la comunidad LGBT de las responsabilidades del ministerio de derechos humanos, Bolsonaro no nombró a una agencia para que considere esos temas. Ha criticado fuertemente lo que llama “una ideología de género”, afirmando que es una amenaza a los valores cristianos de Brasil.
Uno de los decretos emitidos el martes en la noche, horas después de que Bolsonaro asumió el cargo, prácticamente imposibilita que se identifiquen y delimiten nuevas tierras para las comunidades indígenas. Las áreas establecidas para los «quilombolas», como se conoce a los descendientes de esclavos, también resultaron afectadas por la decisión.
Otro de los decretos retiró las preocupaciones planteadas por la comunidad Lgbt de los temas a considerar por el nuevo ministerio de derechos humanos.
En un acto que favorece a sus aliados en la agroindustria, que han criticado el otorgar amplios territorios a los indígenas, Bolsonaro transfirió la responsabilidad de delinearlos del Ministerio de Justicia al de Agricultura. La nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina, forma parte de la bancada que representa a la industria agraria en la cámara baja de Brasil y se ha opuesto a las peticiones de las comunidades nativas.
Bolsonaro, un ex capitán del ejército y congresista durante largo tiempo, dijo durante su campaña que dejaría de dar lo que él llamó concesiones a los indígenas brasileños y a los quilombolas.
«Menos de un millón de personas viven en esos lugares que están aislados del verdadero Brasil», tuiteó el miércoles el mandatario. «Son estudiados y manipulados por organizaciones sin fines de lucro. Juntos integraremos a esos ciudadanos y les daremos valor a todos los brasileños».
El Ministerio de Justicia había demarcado previamente las tierras indígenas a través de la agencia Funai, que también supervisa otras iniciativas en apoyo a esas comunidades, tales como la atención médica, de vivienda y la preservación del lenguaje. El decreto de Bolsonaro genera incertidumbre en torno a la Funai al transferirla a un nuevo ministerio para familias, mujeres y derechos humanos que es encabezado por un pastor evangélico ultraconservador.
Observatorio do Clima, una red de 45 grupos de la sociedad civil brasileña, criticó los decretos, llamándolos “tan sólo el primer paso en el cumplimiento de las promesas de campaña de Bolsonaro de desmantelar la gestión ambiental, despojar a los pueblos indígenas de sus derechos y abrir las tierras indígenas a los negocios”.
“El ataque a la Funai va más allá de los sueños más descabellados de la bancada rural, que durante años ha intentado aprobar una enmienda constitucional que transfiera la demarcación de las tierras indígenas del presidente al Congreso”, indicó la organización sin fines de lucro. “Bolsonaro resolvió el problema al transferirlas directamente a los granjeros”.
El nuevo mandatario dijo el año pasado que también quiere anular las decisiones de demarcación de tierras tomadas por gobiernos previos, pero expertos legales afirman que fallos recientes del Supremo Tribunal Federal podrían bloquear dichas acciones.
El nuevo ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, también insinuó el miércoles que habrá recortes en los fondos para la atención de la salud de los indígenas.
“Tenemos cifras para el público en general que están muy por debajo de lo que se gasta en la salud de los indígenas”, dijo sin dar detalles.
