Cara y sello a la misma hora en el centro de Santiago. Por un lado, Marcela Cubillos presenta en el último piso del Mineduc el proyecto de ley para modificar los procesos de expulsión de alumnos involucrados en disturbios. En la otra cara, a pocas cuadras del punto de prensa, un grupo de encapuchados realizan un corta calle y arrojan proyectiles a las afueras del Liceo Darío Salas, interrumpiendo el tránsito del sector de Avenida España. El punto en común, la escalada de violencia que ha afectado a los establecimientos de la céntrica comuna.
La secretaria de Estado explicó que la iniciativa «busca que ante hechos graves, que el director del establecimiento pueda aplicar medidas inmediatas de expulsión y cancelación de la matrícula». Con el actual reglamento, un alumno en proceso de expulsión cuenta con un periodo de investigación de 25 días, tiempo en el que el estudiante puede seguir asistiendo a clases.
Secundarios cuestionan los cambios
Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Gobierno, con el apoyo del alcalde de Santiago Felipe Alessandri y la intendenta Karla Rubilar, no fue bien recibida por las agrupaciones de estudiantes secundarios.
La vocera de la Aces, Amanda Luna, aseguró que “esto viene a confirmar que la Ministra viene a continuar el legado de Gerardo Varela, es una lógica meramente punitiva en los liceos y que viene a afrentar los desordenes desde las sanciones”. La dirigenta agrega que les preocupa los procesos de investigación y que las expulsiones “express” pueden prestarse para sacar a alumnos que participen de manifestaciones de carácter no violento.
La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), a través de su vocera Amanda Opazo, mostró su preocupación ya que consideran «que no es necesario acortar los plazos de apelación e investigación de los procesos». Además, la dirigenta llamó a rechazar de manera transversal los hechos de violencia que han afectado a los liceos.
400 expulsados
Durante la presentación del proyecto, el alcalde Alessandrí, aseguró que»llevamos más de 400 matrículas canceladas en este semestre acá en Santiago y queremos que la educación pública vuelva a brillar, y la única forma es teniendo medidas claras». Por su parte, el rector del Liceo de Aplicación, Humberto Garrido, anunció que continúan las investigaciones por los «overoles blancos» y que se podrían sumar nuevos alumnos expulsados.
La diputada Camila Vallejo, miembro de la comisión de educación, también se sumó a la discusión y aseguró a través de cuenta de Twitter que «la posibilidad de expulsar estudiantes que comenten delitos, luego de debido proceso y vía reglamento, YA EXISTE en Ley General de Educación. Así que sería bueno que la ministra y el alcalde Alessandri puedan estudiar la Ley y que así seamos serios y responsables».
