A comienzos de mes una joven menor de edad fue aprehendida por Carabineros tras efectuar un rayado en un muro del Palacio de La Moneda. ¿Las consecuencias? La adolescente arriesgaba una pena que va entre los 61 y los 541 días de reclusión, y una multa de hasta 400 UTM, o sea, hasta $18.958.400.
Sumado a que hace poco celebramos el «Día del Patrimonio», el diputado de Renovación Nacional Sebastián Torrealba presentó un proyecto de ley que eleva drásticamente las sanciones a quienes rayen muros, establece trabajos comunitarios para los infractores e incentivos para quienes denuncien. ¿Cómo? Sí, los «acusetes» recibirán recompensa.
Un 20% de la multa
En concreto, la moción tiene por objeto crear una conducta típica específica en el Código Penal que sancione el rayado no autorizado. Además, extendiende la responsabilidad civil a los padres o tutores, y establece una recompensa a quien denuncie del 20% la multa que deba pagar el infractor.
“Debemos aprender a cuidar de nuestro patrimonio, y esta propuesta apunta precisamente a que la gente tome conciencia de la importancia de nuestra ciudad y generar incentivos económicos para que la gente denuncie”, explicó el diputado.
Protegiendo el patrimonio
El parlamentario destacó “el gran esfuerzo que deben realizar particulares y organismos públicos, en todo el país para mantener la limpieza, el cuidado de sus propiedades y la preservación de sus patrimonios”.
Según se señala en el proyecto, además de las multas que ya considera la ley actual, cuando se trate de menores de edad, «serán responsables civilmente los padres, tutores y curadores de los hechos de quienes estén bajo su responsabilidad».
Pero el aspecto más curioso sigue siendo que «se concede una acción popular de denunciar la infracción a toda persona, con un premio del 20% de la multa».
Y aún no pasa nada…
Ya en años anteriores (2014 y 2016 los más recientes), otros parlamentarios de distintos sectores han presentado proyectos que buscan endurecer las penas ante los rayados no autorizados, principalmente cuando se trata de construcciones históricas.
Pero es primera vez que un proyecto de esta índole, considera una recompensa para quien denuncie los hechos.
