«No son grupos de protesta, sino que han tomado la violencia como forma de acción política», expresó en una conferencia de prensa en Buenos Aires la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada del titular de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Los incidentes que se saldaron con la muerte de Rafael Nahuel, de 27 años, y dejaron varios heridos, ocurrieron en un cerro de la localidad de Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de la patagónica ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, cuando la Policía buscaba a integrantes de una comunidad mapuche que habían escapado el pasado jueves del desalojo de un predio que dejó varios arrestos.
Según explicó el Gobierno, la Prefectura Naval acudió a la zona cumpliendo con una orden judicial para identificar a varios prófugos de ese desalojo, que tuvo lugar sobre terrenos de Parques Nacionales presuntamente ocupados por la comunidad de Lof Lafken Winkul Mapu, que el oficialismo vincula a la organización indígena Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).
El Ejecutivo defiende el trabajo de la Policía tras constatar que un grupo de «entre 15 y 20 personas encapuchadas», con máscaras antigases «de tipo militar» y banderas con lanzas «que en sus puntas tenían atados cuchillos» no acataban la orden de los agentes de cesar con su accionar.
La ministra Bullrich, al tiempo que mandó a la familia de Nahuel el «pésame» y se declaró triste por lo sucedido, defendió el operativo policial al considerar que se debía enfrentar una metodología de violencia «ilegal, violenta e inaceptable en democracia».
«Queremos realmente transmitirle al pueblo argentino y conceptualizar lo que está sucediendo en nuestro país. Y caracterizar una situación que hace varios años que sucede pero que no había sido tomada en cuenta», añadió Bullrich.
Según la ministra, en el sur del país ha ocurrido en estos últimos años «más de 70 acciones violentas o atentados» de «grupos violentos no respetan la ley», que no reconocen a Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución ni los símbolos y es considerado «como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos».
«Queremos plantear que el Ministerio de Seguridad le va a dar claras instrucciones a las fuerzas de seguridad federales, que no van a aceptar ninguna orden ilegal ni antijurídica que invierta el rol que significa que un lugar no puede ser custodiado por un poder fáctico», aseveró Bullrich.
Además, recalcó que el Ejecutivo «tiene todas las fuerzas a disposición necesarias para hacer cumplir la ley».
Bullrich destacó que el Gobierno está «totalmente» abierto al diálogo «con todo grupo pacífico que pueda tener una protesta o reivindicación» y quiera «resolver los problemas en el marco de la ley», pero subrayó que no va a haber «ningún diálogo con grupos violentos».
«La existencia de estos grupos es algo que tenemos que tomar en cuenta y es importante el accionar de la justicia», expresó por su parte el ministro de Justicia, quien también mandó sus «condolencias» a la familia del fallecido y de los heridos que dejaron los sucesos del sábado.
La ministra matizó que RAM «es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente».
«Podrán tener otro nombre, pero lo queremos separar de cualquier comunidad originaria. No reconoce la ley, la constitución ni la bandera. No queremos poner un nombre único», añadió Bullrich.
«Vamos a tratar de evitar todo tipo de futuro acto violento, pero es un territorio muy amplio y muy grande que es difícil de llegar a todos los lados, pero vamos a tener una presencia fuerte, importante junto a los gobiernos provinciales», concluyó.
Por lo ocurrido el sábado, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos marcharon el domingo en Buenos Aires para decir «basta de represión» y denunciar «un nuevo crimen de Estado».
