El primer ministro belga, Charles Michel, rechazó este miércoles una eventual crisis en Bélgica por la presencia en su país del presidente catalán destituido Carles Puigdemont, un «asunto judicial, no del gobierno» de coalición belga, que cuenta con nacionalistas flamencos.
«Hay una crisis política en España, no en Bélgica», dijo Charles Michel ante la comisión de Interior del parlamento belga, en su primera intervención ante los diputados desde la llegada de Puigdemont y cuatro miembros de su gobierno destituido a suelo belga el pasado 30 de octubre.
La presencia del político catalán en Bélgica provocó declaraciones de los ministros de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA, nacionalistas) favorables a los independentistas, pese al llamamiento del mandatario belga de «no echar leña el fuego».
La justicia belga debe resolver ahora la petición de entrega a España de Puigdemont y de los otros cuatro consejeros destituidos y, en este sentido, Michel descartó cualquier interferencia en este «asunto judicial, no del gobierno».
«Velaré por que no haya interferencia en el principio de independencia de la justicia», agregó el primer ministro, para quien el presidente catalán destituido será tratado como cualquier otro ciudadano europeo. La primera audiencia está prevista el 17 de noviembre.
Michel ha sido el único mandatario europeos desde la celebración el 1 de octubre de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, suspendido por la justicia española, que ha llamado al diálogo y condenado la violencia, una posición celebrada por los diputados de la comisión de Interior.
«Una crisis política exige una solución política», reiteró este miércoles el mandatario, si bien, en una posición más cercana a sus pares de este club de Estados europeos, precisó que su interlocutor es «el gobierno español, es Madrid».
Tras la proclamación unilateral de independencia del 27 de octubre, el gobierno español de Mariano Rajoy asumió la tutela de la autonomía de Cataluña, hasta las elecciones regionales convocadas para el 21 de diciembre.
Madrid cesó también al ejecutivo catalán. Además de los cinco miembros que se marcharon a Bélgica, otros ocho se encuentran en prisión en España acusados de rebelión, sedición y malversación, y un último quedó en libertad bajo fianza.
