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SQM: Longueira suma acusaciones de nuevos delitos y rechaza salida negociada

La defensa de Pablo Longueira reiteró hoy que el ex senador y ex ministro no aceptará una salida negociada con la fiscalía en el caso SQM, y que está dispuesto a llegar a juicio oral para probar su inocencia.

Al término de la audiencia de reformalización de hoy, el abogado Alejandro Espinoza declaró que “esta defensa ha rechazado cualquier salida negociada a este proceso. Estamos dispuestos y vamos a ir a un juicio oral para establecer la inocencia de mi representado».

Longueira fue reformalizado en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por nuevos delitos tributarios y una nueva arista relacionada con el Código de Aguas, al igual que el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, por los delitos de cohecho y soborno, respectivamente.

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En cuanto a los delitos tributarios, la fiscal Paola Castiglioni informó que se trata de nuevos emisores de boletas relacionados con Longueira –familiares y amigos- que giraron dichos documentos a SQM en 2009 por trabajos no realizados por un total de 719 millones de pesos. Los dineros habrían sido destinados a financiar actividades de campaña.

Acerca de la nueva arista, la fiscal explicó que son presuntos delitos ligados a la tramitación del proyecto de ley para modificar el Código de Aguas en el Senado en 2010, cuando Longueira aún era parlamentario de la UDI. De acuerdo a los antecedentes de la fiscalía, por gestiones de Contesse, el abogado de SQM Patricio Astaburuaga en noviembre de 2010 envió correos electrónicos a Longueira para modificar el Código de Aguas, buscando favorecer a la minera no metálica.

Sobre esto último, el abogado Espinoza afirmó que Longueira “no realizó ninguna gestión en relación a aguas, ni presentando un proyecto de ley ni mandando ese proyecto de ley a ninguna persona. Se está imputando como delitos actos normales de la actividad parlamentaria. Los parlamentarios reciben sugerencias de grupos de interés de empresas y no necesariamente eso se traduce en un acto concreto».

Finalmente, el tribunal mantuvo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para Longueira y Contesse, y dio otros 30 días de plazo para la investigación de la arista Royalty.

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