El gobierno español aseguró este sábado haber «desarticulado» la organización del referéndum de independencia prohibido en Cataluña, bloqueando todos sus recursos informáticos y cerrando 1.300 centros de votación, sin embargo, decenas de ellos seguían ocupados por activitas determinados a celebrar la consulta.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo regional catalán está decidido a celebrar un referéndum de autodeterminación este domingo, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
Tras meses de secreto, el viernes desveló algunos de sus detalles, entre ellos, la existencia de 2.315 centros de votación en toda Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
De estos centros, «1.300 ya han sido precintados», afirmó este sábado por la mañana el representante de Rajoy en Cataluña, Enric Millo.
Precisó que 163 de estos centros están ocupados por activistas que realizan actividades culturales o deportivas, «con toda paz y cívicamente», a quienes se les permite salir, aunque se impedirá la entrada a nadie más.
Reconoció que entre los mil centros que quedaban por precintar podría haber decenas más ocupados.
La AFP visitó el sábado varias escuelas en las que padres, alumnos y vecinos podían entrar y salir libremente. Y según una fuente del gobierno independentista catalán, había «unos 200 centros ocupados» sólo en Barcelona y su periferia.
«Aquí ya han venido los agentes, han hablado con nosotros y nos han dicho que tenemos que salir antes de las 06H00 de la mañana el domingo pero no han cerrado nada», explicó a la AFP Thais, una madre de 38 años que, como muchos activistas, prefería no dar su apellido.
«Pensamos que es esencial que el centro esté abierto el día que tiene que estar abierto, que es el día 1», había asegurado anteriormente mientras iniciaba el viernes por la noche la ocupación de la escuela de su hijo, Turó del Cargol, al pie del célebre Parque Güell de Barcelona.
En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación.
Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, dependiente del gobierno independentista catalán, pero obligada a hacer respetar las decisiones judiciales.
Los agentes catalanes recibieron sin embargo la orden de no recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.
A las personas que están dentro «las invitamos a salir», insistió Millo, agregando: «no creemos que sea necesario» desalojarlas contra su voluntad. Admitió, sin embargo, que si se registran «actos de desobediencia» los cuerpos policiales deberán actuar «con proporcionalidad».
El representante del gobierno español anunció asimismo una operación de la Guardia Civil en el centro de telecomunicaciones del ejecutivo regional catalán, que bloqueó las conexiones telemáticas de los centros de voto, los sistemas informáticos de recuento y un sistema que hubiese permitido «una votación online mediante una web».
Esto «permite ya con un carácter muy definitivo desarticular la posiblidad de llevar a cabo» lo que el gobierno catalán «prometió en su momento, que es la realización de un referéndum efectivo, con garantías y vinculante», aseguró.
Los sondeos muestran que los catalanes están divididos sobre la independencia: 41,1% a favor y 49,4% en contra, según el último sondeo del gobierno catalán publicado en julio. Pero también que más del 70% de la población quiere que la cuestión se decida en un referéndum legal.
Carles Riera, diputado en el parlamento regional, del partido independentista de extrema izquieda CUP, aseguró que la movilización seguirá después del domingo.
«Estamos en un proceso de movilización popular que va para largo. Esta oleada democrática, este nivel de autorganización estructural tendrá que mantenerse durante mucho tiempo para defener la república» que los independentistas quieren fundar, dijo a los periodistas en Barcelona.
«Cataluña es España», gritaban mientras tanto miles de manifestantes concentrados con banderas españolas en el centro de Madrid.
Entre ellos, Eduardo García, profesor de matemáticas de 32 años, quien acusa a los nacionalistas catalanes de haber azuzado «los sentimientos más bajos de la gente», al pedir la independencia coincidiendo con la crisis económica de los últimos años. «Todo esto es muy triste», se lamentaba.
