Día 115 de huelga de hambre. La Presidente Michelle Bachelet recibió en La Moneda a los familiares de los cuatros comuneros mapuches que se mantienen en huelga de hambre. Las familias exigieron que se retire la investigación por Ley Antiterrorista por la presunta participación en la quema de una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas, ocurrida en 2016.
La presidenta Michelle Bachelet habría llegado al ministerio sin aviso mientras los familiar mantenían una reunión con el ministro del Interior para reunirse con la familia del lonco Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo.
Durante la mañana los familiares se entrevistaron en una primera oportunidad con el secretario de Estado. En esa instancia recalcaron su llamado al gobierno a modificar la querella por ley antiterrorista.
La reunión se produce el mismo día en que el Juzgado de Garantía de Temuco decidió mantener la prisión preventiva a los cuatros comuneros. Sobre este tema la vocera de gobierno, Paula Narváez, lamentó la decisión. “Nosotros, por cierto, lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido. Al hacer esta petición nosotros estábamos poniendo al centro nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas, y fue eso lo que nos ha motivado como gobierno a hacer esa solicitud al tribunal”, dijo Narváez.
La secretaria de Estado, además, afirmó que desde el Gobierno “estamos preocupados” por la situación “precaria de salud” de los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo, y del lonko Alfredo Tralcal.
“Estaba nuestra petición fundada en este principio de protección a la vida, pero también fundada desde el punto de vista procesal”, puntualizó Narváez.
En la audiencia, el magistrado Mauricio Torres Contreras rechazó la solicitud de las defensas y del querellante Intendencia Regional y mantuvo en prisión preventiva a los imputados tras establecer que no han variado las condiciones que se tuvieron en cuenta en la última revisión de medida cautelar, y por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, la gravedad del delito y la pena asignada.
