La Guardia Civil confirmó el miércoles haber detenido a trece altos cargos del gobierno separatista de Cataluña, que avanza hacia la realización de un referéndum de autodeterminación prohibido, ante lo cual los independentistas llamaron a manifestar.
«Ya son 13 detenciones y 22 registros», confirmó a la AFP un portavoz de la Guardia Civil, en momentos en que se multiplican las operaciones policiales para impedir la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre, pero vetado por la justicia española.
«La operación sigue abierta y puede evolucionar», indicó la fuente.
Momentos antes, el Ejecutivo catalán había confirmado la detención de Josep Maria Jove, numero dos del vicepresidencia regional, el independentista Oriol Junqueras.
Un portavoz del Ejecutivo catalán precisó que las detenciones están ligadas a «sitios de internet del referéndum».
Los motivos de las detenciones no fueron anunciados por la Guardia Civil ni por el ministerio del Interior.
El Tribunal constitucional había sin embargo advertido a un millar de altos cargos que no debían organizar el referéndum y podían exponerse a consecuencias judiciales.
Tras adoptar el 6 de septiembre una ley para organizar el referéndum, cuyo texto afirma que prevalece jerárquicamente sobre todas las normas con las que puede entrar en conflicto, los independentistas han ignorado las advertencias y han continuado organizando la consulta.
La noticia de los arrestos produjo inmediatamente una manifestación, primero cientos y luego miles, de independentistas ante la sede de Economía del gobierno regional en Barcelona, donde la Guardia Civil inició sus registros.
«Ha llegado el momento. Resistimos pacíficamente. Salimos a defender desde la no violencia nuestras instituciones», escribió en Twitter Jordi Sánchez, presidente de uno de los principales movimientos independentistas de la sociedad catalana, la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).
«Se han equivocado mucho, nosotros queríamos votar y ellos han declarado la guerra», agregó.
«Pido que haya una rectificación, que volvamos a la normalidad», dijo a periodistas en el Congreso el jefe de gobierno español, el conservador Mariano Rajoy.
Rajoy defendió ante el Congreso las medidas de su gobierno y de la justicia, afirmando que «el Estado de Derecho funciona».
«Pido que cesen las amenazas de los radicales a alcaldes, concejales y funcionarios por su defensa de la legalidad», agregó.
