A las 9:00 horas de hoy y en medio de estrictas medidas de seguridad, comenzará en el Tribunal Oral Penal de Temuco el juicio del caso Luchsinger-Mackay, en el que están acusados 11 comuneros mapuches por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista.
En torno al tribunal ubicado en calle Manuel Bulnes de la capital de La Araucanía, Carabineros establecerá un cordón perimetral que incluirá a la señalada arteria y las calles Los Cóndores, Aldunate y Nahuelbuta. No se permitirán vehículos estacionados en este cuadrante.
Además, el público deberá ingresar a pie, portando su cédula de identidad o acreditación, lo mismo que la prensa. Asimismo, habrá ingreso segregado para los fiscales y abogados querellantes, con el fin de que no se encuentren con los familiares de los acusados y sus amigos.
También habrá resguardo especial para los hijos de las víctimas y reforzamiento del personal de Gendarmería en la sala 4B donde se desarrollará el juicio, en el cuarto piso tribunal. La sala estará intregrada por los jueces José Ignacio Rau Atria (presidente), Patricia Abollado Vivanco (redactora) y Luis Torres Sanhueza.
Se estima que el juicio tendrá una duración de 52 días. El canal del Poder Judicial, a través de su señal streaming, transmitirá el inicio, alegatos de apertura, de clausura, veredicto y sentencia.
La acusación estará a cargo del fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle; el fiscal jefe la unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y los fiscales Héctor Leiva y Pamela Contreras. Por su parte, la familia Luchsinger-Mackay será representada por los abogados querellantes Carlos Tenorio y Sergio Arévalo. El Gobierno, a través de la intendencia de La Araucanía, también es querellante.
Los hechos que originaron la acusación ocurrieron alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de enero de 2013, en el fundo Lumahue de la comuna de Vilcún, donde individuos armados atacaron e incendiaron la vivienda en que se encontraban durmiendo Werner Luchsinger (75) y su esposa Vivianne Mackay (69). El dueño de casa intentó repeler el asalto a balazos mientras su mujer pedía ayuda desesperadamente por teléfono. A llegar al lugar, Carabineros encontró los cadáveres de las víctimas, quienes no pudieron escapar del fuego.
Los acusados por estos hechos son la machi Francisca Linconao Huircapán (supuestamente en su casa se planificó el ataque), José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Córdova Tránsito (hermano del único condenado hasta el momento) y José Peralino Huinca.
Todos están acusados por el delito de incendio intencional con resultado de muerte en carácter de terrorista y para 10 de ellos, la fiscalía pide presidio perpetuo calificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario. Además, para Sabino Catrilaf se piden otros 3 años y 541 días de cárcel por dos delitos de porte ilegal de armas y municiones.
En el caso de José Peralino, la fiscalía pide sólo10 años de presidio por su colaboración con la investigación. Su confesión en octubre de 2015 permitió la detención de los imputados, aunque posteriormente se desdijo y su defensa alegó que su confesión se obtuvo mediante vulneración de derechos. Sin embargo, el tribunal la validó como prueba en el juicio.
De los 11 acusados, nueve se encuentran en prisión preventiva, mientras que Peralino y la machi Linconao están con arresto domiciliario total. La machi obtuvo este beneficio después de declararse en huelga de hambre. En el juicio serán representados por el defensor penal público Mario Quezada y otro abogado del servicio aún no definido.
El único condenado hasta el momento es el machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito (30), sentenciado a 18 años de cárcel en fallo confirmado por la Corte Suprema el 13 de mayo de 2014. La noche de los hechos, Celestino Córdova fue detenido por carabineros herido y a 1.750 metros de distancia de la casa de los Luchsinger-Mackay. En su caso, la fiscalía también pidió presidio perpetuo calificado por delito terrorista, lo que no fue concedido por los tribunales.
