Por algo más de una hora se reunieron este viernes las autoridades de transportes, agrupaciones de adultos mayores y parlamentarios del oficialismo, con el objeto de discutir el límite que experimentarán los jubilados a la hora de viajar en el Metro de Santiago.
Al termino de la conversación, la ministra de Transportes, Paola Tapia, anunció que la petición será analizada como Gobierno, en una instancia que presenta al Ministerio de Hacienda con un rol protagónico.
Entre las alternativas que se evalúan, se encuentra aumentar el número de viajes, aunque los parlamentarios no cerraron la puerta a discutir un nuevo aumento del subsidio al transporte público vía ley.
«Son aspiraciones legítimas que necesitamos analizar. Debemos revisar económicamente si existe la factibilidad, pero el Gobierno debe ver responsablemente la solución que se pueda encontrar», señaló Tapia.
Los diputados Maya Fernández, Tucapel Jimenez y Ramón Farías, junto a dirigentes del Movimiento de los Bastones, manifestaron a las autoridades su malestar por la restricción a 14 viajes semanales. Los dardos apuntaron fuertemente a Metro, representado en la ocasión por su gerente general Rubén Alvarado, a quien le recriminaron no haber sociabilizado con los grupos de interés el cambio tecnológico que restringirá el actual retiro de 10 boletos diarios con tarifa preferente. Esta práctica, pese a vulnerar los límites legales, fue considerada como un «derecho adquirido».
«Desconocía que existía una limitante en la cantidad de pasajes que uno podía comprar, pero con esta tarjeta se nos restringe un derecho», sostuvo Gladys Fernández, dirigenta del Movimiento de los Bastones.
Pese a valorar la conversación, el diputado Ramón Farías (PPD) consideró lamentable que se esté discutiendo este tema y no otros, como por ejemplo, la gratuidad del pasaje para adultos mayores o la extensión del beneficio a todo el transporte público. «Es un retroceso en la política pública. No podemos seguir conversando esto, porque ya es un derecho adquirido», aseveró.
En tanto, la diputada Maya Fernández no negó la posibilidad de plantear la exigencia directamente a la Presidenta Michelle Bachelet. «No descartamos hablarlo a todo nivel».
Desde Metro, Alvarado insistió en la defensa de la empresa por la falta de fiscalización que se le acusa y que culminó por naturalizar una práctica que no se encontraba aprobada. Además, enfatizó que la solución no está entre sus atribuciones.
«Los costos los tiene que evaluar el ministerio en conjunto con Hacienda», señaló.
Con respecto al monto requerido para extender el beneficio, Metro indicó que no existen estimaciones al respecto. Pese a ello, informaron que se trata de 180 mil jubilados inscritos en el sistema, los cuales hacen aproximadamente 33 millones de viajes en un año.
