En medio de la atmósfera de indignación, que ha envuelto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la rebaja de la pena de prisión a Mauricio Ortega, agresor convicto y confeso de Nabila Rifo, un nombre surge como ejemplo de rectitud, valentía y dignidad.
Ese hombre es el ministro Milton Juica, abogado y profesor universitario que argumentó su voto contrario a la rebaja de 26 a 18 años al agresor de Coyhaique. Nacido el 26 de junio de 1943, Juica ha recibido un espaldarazo por diversas personalidades y organizaciones.
¿Cuáles fueron las argumentaciones que esgrimió Juica, para sustentar su voto en contra?
Juica criticó severamente el criterio de la Corte en separar los actos de «golpear con un bloque en la cabeza» y la «extracción de los ojos»: » (…) los hechos tal y como fueron asentados por el fallo deben considerarse como una unidad de acción y, por consiguiente, se presentaría un solo delito, el que debe determinarse según si se estima que concurre o no el dolo (Voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar)».
El ministro hizo énfasis en que, como una «unidad de acción», el agresor hizo todo lo posible para causarle la muerte a la víctima: «(…) el agente obró con intencionalidad homicida, es decir, con animas necandi y, por ende, con dolo de matar».
Argumenta en su voto razonado que los brutales golpes, que impactaron reiteradamente en la cabeza con un bloque de cemento, «evidenciaron un claro propósito de privarle la vida».
«Los hechos fijados en el fallo permiten calificar al delito de feticidio como frustrado por haber puesto de su parte el acusado todo lo necesario para la consumación del delito» sostuvo el juez oriundo de La Serena.
Ratifica Juica que, aún cuando el acusado haya preferido abandonar a la víctima desangrada, desistiendo o no en la intención homicida, «se dio también por demostrado que sin la intervención médica posterior, aquel resultado (la muerte de Nabila Rifo) sí se habría alcanzado».
La agredida anunció que acudirá a las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos, a fin de que su caso no tenga visos de impunidad, y que no constituya en un precedente en la jurisprudencia chilena.
