Andrónico Luksic presentó ante la justicia española un recurso por la decisión de amortizar a cero las acciones del Banco Popular y venderlo por un euro al Santander, atendiendo a una decisión de la Junta Única de Resolución (JUR).
El pasado 7 de junio el Santander adquirió el Popular por un euro y el compromiso de cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar su balance, afectado por cuantiosas pérdidas.
El grupo chileno, cuya participación en el banco alcanzaba un 3,45 % del capital, dirigió su recurso contra el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB), una entidad aprobada por el Gobierno en 2009 para reorganizar las entidades de crédito y reforzar sus recursos propios en los procesos de integración y rescate.
Asimismo, también tiene previsto recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la JUR, que derivó en la amortización de las acciones del Popular con valor cero.
José Ignacio Bulnes, directivo de Aeris, el grupo inversor a través del cual Luksic entró en el capital del Popular, explicó hoy en Madrid que el grupo chileno confió siempre en una solución privada para el banco, bien a través de una ampliación de capital que estaban dispuestos a suscribir o mediante la entrada de un comprador.
Prueba de ello, según Bulnes, es que Luksic compró títulos del Popular el 6 de junio, en la víspera de que se decidiera la resolución.
En total, su inversión en el Popular, entre el 3 de enero de 2017 y el 6 de junio, le ha costado al grupo Luksic 113 millones de euros (unos 126 millones de dólares al cambio actual).
A la espera de disponer de la información requerida, entre ella el informe de valoración del Popular, Luksic cree que la resolución de la entidad fue desproporcionada, arbitraria y poco transparente.
El abogado Jordi Soler precisó hoy que es crucial conocer el informe de valoración por el cual actuó el FROB.
Y es que, agregó el letrado, la «supuesta valoración de un experto independiente» que precipitó la intervención «no tiene base ninguna» comparada con los datos de mercado.
Por lo que respecta a la actuación de la JUR, el argumento del futuro recurso se basa en que la actual legislación sobre resolución de entidades vulnera principios elementales del derecho de propiedad y de transparencia, y provoca indefensión en el inversor.
Si no se puede revertir esa legislación, explicó Soler, habrá que valorar los daños y perjuicios ocasionados a los accionistas.
«Invertimos en el Popular hasta el último día y hasta ese último día la entidad era solvente», indicó Bulnes, tal y como declararon días antes el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.
Ahora habrá que ver por qué el Banco Central Europeo (BCE) no inyectó la supuesta liquidez de la que carecía, dado que el problema era de liquidez y no de solvencia, añadió.
El grupo no tiene previsto actuar contra los antiguos gestores del Popular, cuya actuación les resultó convincente y pensaron «que lo iban a conseguir», si bien es evidente que hubo «algún error» en la contabilidad de los resultados de 2016.
Las cuentas de ese ejercicio mostraron unas pérdidas de casi 3.500 millones de euros, aunque posteriormente la entidad anunció una revisión de esos números.
El plan inicialmente previsto por la dirección del Popular les pareció viable, de modo que tras analizar el banco durante la segunda parte de 2016, decidieron entrar en la entidad.
