Un dato importante de conocer al inicio de la presente jornada, es que hasta más $150 mil de multa podrían tener que pagar las personas que se nieguen a responder el Censo abreviado.
Así lo dispone la Ley 17.374 del INE (de 1970), que penaliza a quienes no quieran entregar información a los censistas, y que además señala que una vez pagada la multa, si la persona insiste en no responder puede recibir otras sanciones.
De acuerdo a la instrucción que tienen los censistas, aquellas casas donde nadie abra la puerta deberán volver a ser visitadas, y si nuevamente nadie atiende dejarán una citación con hora y lugar claro donde debe acudir quien no estaba en el domicilio que no pudo ser encuestado. De no ocurrir eso, se procederá a sancionar con multas que van desde los $7.587 a los $151.740.
Otro dato interesante es que algunas organizaciones han hecho un llamado por la inclusión en este Censo, y pidieron que durante el proceso se marque la sigla «PcD», para evidenciar la cantidad de personas con discapacidad que habitan que en el domicilio encuestado, si es que eso ocurre.
La campaña -que es encabezada por la asociación “Con Todos” y que cuenta con el respaldo de la Teletón- busca que tanto los censistas como encuestados pongan la marca específicamente en la columna de Observaciones del cuestionario, que está en las hojas C2 y C3 del mismo.
Si bien las autoridades justificaron la no incorporación en el cuestionario de preguntas destinadas a dar cuenta de ese dato, pues ya se realizó en 2015 un Estudio Nacional de Discapacidad, en una carta enviada al diario El Mercurio quienes adhieren a la campaña afirmaron que el proceso censal de hoy podría entregar más cifras respecto a la situación de la discapacidad en el país.
