Terminamos el año enterándonos de otro caso de colusión de grandes empresas para subir artificialmente los precios de un producto de primera necesidad: esta vez fueron los pañales. La empresa chilena CMPC informó que se coludió con la multinacional Kimberly Clark para subir artificialmente los precios por años, afectando a miles de chilenos y chilenas. Es una muestra más de la lógica del abuso con la que funcionan algunos empresarios. Es lamentable que como país tengamos que regularmente enterarnos de estas noticias.
La colusión de las grandes empresas con productos de primera necesidad daña a los consumidores, haciendo más cara la vida al conjunto de la población que se empobrece aún más ante un aumento de precios completamente injustificado. En un país con tanta desigualdad, estos actos ilícitos generan mayor injusticia social, ya que son los dueños de las grandes empresas los que se benefician robando a la mayoría del país. Se enriquecen los dueños de las empresas coludidas a base del robo a todos los consumidores.
Con estas revelaciones, se confirma que la colusión es una práctica real y persistente en nuestra economía, constituyendo un grave abuso contra las personas. Ante cada nuevo hecho de colusión se deben sacar lecciones para perfeccionar el accionar del Estado para defender a las personas.
A pesar de informarse que hubo colusión, en este caso los responsables no sufrirán castigo alguno debido a que la Fiscalía Nacional Económica determinó que el delito estaba prescrito. Este hecho debe llevarnos a perfeccionar la legislación. Creo que los actuales plazos de prescripción son muy bajos para la naturaleza y complejidad del delito realizado.
Una enseñanza que nos deja este caso es que se requiere de más tiempo para investigar puesto que los delitos económicos pueden ser escondidos con mayor facilidad, dejando pasar el tiempo y refugiándose, al final, en la prescripción como una forma de impunidad.
La colusión, realizada por los gerentes de las grandes empresas, debe ser tratado como lo que es: un delito, sin que existan matices. Esto es delincuencia pura y dura que también genera un tipo de inseguridad en las personas. En Chile no hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, como por mucho tiempo algunos han pretendido.
Asociaciones de consumidores apelarán a la determinación de la Fiscalía Nacional Económica de prescribir el caso, lo que representa una acción correcta que apunta a buscar justicia en un caso de grave perjuicio para los consumidores.
Espero la mayor colaboración de la Fiscalía Nacional Económica para que entregue, en el marco legal vigente, los antecedentes que se requieren para aclarar este caso.
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