Líderes católicos filipinos y responsables de ONG expresaron su indignación el lunes por la voluntad del presidente Rodrigo Duterte de restablecer la pena de muerte y de ejecutar a diario a entre «cinco y seis» criminales.
El jefe de Estado es blanco de numerosas críticas por su sangrienta campaña contra el tráfico de drogas y «su guerra contra el crimen», que dejó más de 5.300 muertos desde su llegada al poder a fines de junio.
«Antes existía la pena de muerte, pero no pasaba nada», dijo el sábado Duterte. «Dénmela y la aplicaré cada día a cinco o seis criminales».
Un alto dirigente de la Iglesia católica indicó que esta «se opondría de plano» al proyecto del presidente.
«Los filipinos serían considerados como un país de bárbaros. Filipinas se convertiría en la capital mundial de la pena de muerte», declaró a la AFP el padre Jerome Secillano, de la Conferencia de Obispos Católicos filipinos.
La pena de muerte fue abolida en el archipiélago en 2006 tras una intensa campaña de la Iglesia. El catolicismo es la religión del 80% de los filipinos.
Duterte ganó las elecciones presidenciales tras prometer eliminar a decenas de miles de traficantes de droga y restablecer la pena de muerte.
Está previsto que la Cámara de Representantes vote en enero sobre el restablecimiento de la pena capital.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, afirmó en una carta a los parlamentarios que los filipinos violarían sus obligaciones internacionales si adoptan esa medida.
«Establecer una cuota de ejecuciones es la gota que colma el vaso», dijo a la AFP Romeo Cabarde, vicepresidente de Amnistía Internacional en Filipinas. «Estamos hablando de vidas humanas», se indignó.
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