El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso interpuso una querella contra un grupo de funcionarios pertenecientes al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Playa Ancha (CREAD), dependiente del Sename, por maltrato verbal y golpes a unos 25 niños y niñas del centro.
“Tía, estoy cansado de aprender a golpes, desde que ingresé a hogares me han golpeado todos, yo me acuerdo desde que tenía dos años”, con estas palabras, un niño de 12 años relató a su psicoterapeuta la situación que venía soportando desde hace tiempo.
Según la querella presentada por INDH, en contra de quienes resulten responsables, estos tormentos no son aislados en el tiempo ni en número de casos, y los 25 niños y niñas relatan haber sido torturados con golpes, duchas de agua fría y dolorosas “llaves” para inmovilizarlos.
Entre los relatos, destaca por su gravedad el de un niño que fue empujado a la ducha con agua fría, perdiendo dos dientes al golpearse dentro del baño. “El tío estaba enojado porque yo había hecho ‘show’, por eso me empujó”, consigna la querella.
La situación, asegura el texto legal, era conocida tanto por adultos dentro del CREAD de Playa Ancha como por externos. Esto se constató en el relato de la directora y jefa de UTP del establecimiento donde estudiaba otro de los niños.
Desde ese establecimiento señalaron que ante el mal comportamiento del estudiante, darían aviso al personal de CREAD, “ante lo cual el niño comienza a llorar y suplicar que no lo realicen, refiriendo ‘no llame por favor, me van a pegar si me suspenden’”.
La directora del establecimiento indicó que uno de los niños, relatando lo que vivían le señaló “nosotros vivimos en un lugar que se llama CREAD, donde nos crean de nuevo”.
Ante esta situación y tal como lo ha hecho con otras denuncias similares, el INDH decidió interponer una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables, “en calidad de autores, cómplices o encubridores por el delito descrito y sancionado en el artículo 150 A del Código Penal”, esto es, el delito de tormentos o apremios ilegítimos.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, explicó que el INDH tomó conocimiento de los hechos denunciados “y luego de un análisis de los antecedentes tomamos la decisión de deducir una querella por tortura, ya que los casos son de la suficiente gravedad para que se investiguen”.
Además, agregó que “es importante tener presente que la tortura aplicada a niños bajo la custodia del Estado es gravísima” y que espera que el Ministerio Público realice una investigación diligente y eficaz, “aplicando todas las herramientas que manda el derecho internacional, específicamente la evaluación bajo el protocolo de Estambul”.
Respecto a las malas condiciones de trabajo que señalan los funcionarios de Sename, señaló que el Instituto proyecta una misión de observación para conocer esta realidad. Sin embargo, apuntó a que “hay que separar las cosas. Una cosa es hablar de la necesidad de mejorar el servicio y otra cosa es el hecho de tortura. El hecho de tortura no se puede justificar”.
En cuanto al mandato del Instituto en estas materias, Marelic recordó que es deber del organismo “la protección de derechos humanos, específicamente el ejercicio de acciones judiciales en materia de tortura”.
En enero, el INDH proyecta realizar una misión de observación en centros de Sename, con el objetivo de hacer un diagnóstico integral de la situación, además de proponer una metodología de observación para futuros trabajos y un sistema de alerta temprana, que permita identificar los factores que inciden en una posible vulneración de derechos y reaccionar antes de que ocurra.
En esto el Instituto plantea una innovación respecto a observaciones anteriores, pues pretende ir más allá del diagnóstico, para aportar con una herramienta concreta de trabajo para la prevención de situaciones en que puedan verse perjudicados los niños, niñas y adolescentes.
El equipo de trabajo del INDH, desplegado a través de sus centros regionales, recogerá información tanto de la situación institucional como de la vigencia de los derechos de los niños y niñas bajo custodia del Estado.
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