Cuando se han cumplido 40 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura argentina (1976-1980), la Casa Blanca ha cumplido hoy la promesa hecha por Barack Obama a Mauricio Macri en marzo y ha procedido a desclasificar más de mil documentos de los servicios de inteligencia y el departamento militar relativos a los primeros años de la «guerra sucia» en el país sudamericano. Una medida que para el Gobierno conservador de Macri supone «abrir caminos de la verdad en la página negra de Argentina».
El gobierno de EEUU publicó hoy 1.078 páginas de documentos oficiales y de la inteligencia estadounidense hasta ahora inéditos sobre la «guerra sucia» de la última dictadura argentina (1976-1983), un primer tramo de un proyecto de desclasificación que durará hasta finales de 2017.
Los documentos son los mismos que el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, entregó el pasado jueves al presidente argentino, Mauricio Macri, durante una visita a Buenos Aires.
Los archivos están publicados en tres documentos en esta página web y forman parte de un esfuerzo que podría arrojar más luz sobre hasta qué punto conocía y aprobaba el gobierno estadounidense los abusos de derechos humanos que se estaban cometiendo en Argentina en ese periodo.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (Odni) de EEUU, James Clapper, ha sido la encargada de publicar la primera tanda de los documentos, provenientes en su mayoría de las bibliotecas presidenciales de Jimmy Carter (1977-1981), Ronald W. Reagan (1981-1989) y George H. W. Bush (1989-1993).
Qué revelan estos documentos
Los archivos dan cuenta de las deliberaciones internas en la Administración del presidente demócrata sobre las violaciones que se estaban cometiendo en Argentina y sugieren que Washington ejerció una presión moderada sobre el régimen de Jorge Videla para que rindiera cuentas por los desaparecidos y liberara a algunos presos.
«El Departamento (de Estado) ha entregado más de mil nombres de individuos que o bien están detenidos o han desaparecido al gobierno argentino y ha pedido que den información sobre estos individuos», indica un informe interno sobre derechos humanos de 1979.
El gobierno de Carter prometió concesiones al de Videla si había mejoras en derechos humanos, durante una visita a Argentina en 1978 del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Newsom.
En concreto, EEUU pidió que Videla permitiera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) visitara el país -algo que hizo en 1979-, que «juzgara, liberara o permitiera el exilio de los 3.500 prisioneros detenidos sin cargos», y que estableciera un «mecanismo para informar a los familiares de los desaparecidos sobre el destino de esas personas», según un documento de 1978.
A cambio, Newsom prometió que EEUU «recomendaría la aprobación» de fondos del Banco de Importación y Exportación estadounidense para proyectos de aeronáutica y agricultura en Argentina y que «aprobaría la venta de formación militar», apunta el documento.
La Administración de Carter restringió parte de su asistencia y ventas militares al gobierno de Argentina debido a la situación de derechos humanos, aunque uno de los documentos internos muestra que a la Casa Blanca le preocupaba que eso empujara a «comprar armas rusas» en plena Guerra Fría.
No obstante, el Congreso impuso un embargo a la venta de armas en 1978 y, aunque el gobierno de Carter evaluó formas de aumentar su asistencia militar a Argentina por otras vías, finalmente dejó el tema para la Administración siguiente, la de Ronald Reagan.
Los documentos también muestran el interés estadounidense en ganar un concurso para construir la represa hidroeléctrica de Yacyretá en Argentina, y desvelan que el gobierno de Videla amenazó a Washington con negarle el proyecto en función de la actuación de EEUU en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Un informe de 1980 indica que EEUU estaba «trabajando informalmente con Argentina y otros países para desarrollar una resolución de la OEA» sobre la visita de la Cidh al país «que no pida una condena a Argentina» pese a los abusos cometidos.
En cuanto a las desapariciones, los documentos indican que el gobierno de Carter recibía «innumerables cartas» de familiares argentinos pidiendo ayuda para localizar a sus seres queridos.
Un cable de septiembre de 1980 concluye que el régimen argentino había forzado las desapariciones porque consideraba que estas habían «funcionado» a la hora de «derrotar uno de los mayores asaltos terroristas en la sociedad» del país, y porque «los prisioneros desaparecidos dan información cuando son torturados».
Otros cables relatan una visita a Argentina del que había sido secretario de Estado de EEUU entre 1973 y 1977, Henry Kissinger, cuando ya no ocupaba el cargo, durante el Mundial de fútbol de 1978.
Durante un almuerzo con Videla, Kissinger «aplaudió los esfuerzos de Argentina para combatir el terrorismo», lo que era precisamente «la música que el gobierno argentino quería escuchar», según relató Robert Pastor, un asesor de Carter, en una carta al consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski.
«Existe el peligro de que los argentinos puedan usar las alabanzas de Kissinger como justificación para endurecer su posición en materia de derechos humanos», alertó por su parte el embajador de EEUU en Buenos Aires, Raúl Héctor Castro, en un cable en 1978.
Se espera que haya varias entregas más hasta comienzos de 2018, que podrían aclarar cuál fue el papel del gobierno de Gerald Ford (1974-1977), que estaba en el poder cuando comenzó la dictadura.
Unas 30.000 personas desaparecieron durante la «guerra sucia» librada por el régimen militar argentino contra organizaciones armadas opositoras, partidos y sindicatos de izquierda, según estimaciones de organismos de derechos humanos.
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