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Persecuciones, discusiones, agresiones, accidentes de tránsito y una lucha diaria por la supremacía -y los clientes- en las calles de Santiago. Así es el día a día de los tradicionales taxistas y Uber, aplicación que utiliza a choferes particulares para transportar a personas permitiendo el pago a través de medios electrónicos.
Si bien los clientes de este emprendimiento con alcalce global valoran la seguridad, calidad de servicio y el nivel de los vehículos usados, estos factores no callan las críticas de sus detractores, para los cuales la ausencia de permisos, que los conductores no sean profesionales y la transacción no esté regulada son elementos suficientes para considerarla ilegal en Chile, aunque no es el único caso en la región.
El primer paso lo dio México en julio de 2015, cuando la aplicación y autoridades del Distrito Federal (DF) llegaron a un acuerdo para regular su funcionamiento. Entre las condiciones inciales destacó que los conductores debían registrarse en la Secretaría de Movilidad y aportar parte del cobro por cada viaje a un fondo que buscaba mejorar el servicio de taxis tradicionales.
A pesar de este panorama auspicioso, un año después el escenario cambió. Los socios se organizaron para protestar contra el cambio en las condiciones que realizó Uber, asegurando además que no tienen una contraparte a la cual plantear sus inquietudes o reparos.
Desde el pasado 12 de abril los cerca de 13 millones de habitantes de Buenos Aires, Argentina, se sumaron a la cobertura de esta controversial app, desatando la protestas de taxistas que acusaron una competencia desleal. Desde el gobierno, la reacción fue el anuncio de multas a los conductores sorprendidos y el retiro de los vehículos de las calles.
Colombia, a su vez, viene trabajando desde noviembre de 2015 en la regulación de no solo Uber, sino otras apps de transporte privado de pasajeros, aunque en la actualidad los congresistas locales tiene la última palabra y sobre la firma ya pesa una sanción de la autoridad tributaria cafetera.
En aquella oportunidad, un grupo de parlamentarios presentó la «Ley de apps de transporte privado», que entre otros puntos establecía que estos emprendimientos debían aportar el 0,5% del valor de los viajes que realicen a un fondo para «financiar proyectos prioritarios de infraesctructura, así como iniciativas enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los conductores» de los taxis amarillos.
Solo en 2014 Uber llegó a Perú, un país que se caracteriza por lo complejo de su sistema de transporte de pasajeros, aunque eso no impidió que también sufriera la desaprobación del gremio de los taxistas locales. A pesar de eso, en enero de este año habilitó el efectivo como forma de pago, algo que en Chile desató críticas transversales.
En Brasil son ocho las ciudades que actualmente tienen cobertura de esta aplicación, aunque Sao Paulo destacó por la dura batalla dada por los conductores establecidos. Por ejemplo, y como forma de regular la competencia, la autoridad local decretó una serie de puntos en enero de este año que los clásicos taxistas debían cumplir para operar, como por ejemplo tener su cabello y la barba bien arreglados o las uñas limpias, arriesgando multas si fallaban.
Uruguy conoció de Uber en noviembre de 2015 con un resultado similar al resto de las capitales latinoamericanas, incluyendo Santiago: protestas de conductores, reclamos a las autoridades y miles de usuarios inscritos.
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