La empresa de transportes Alsacia Express confirmó hoy, a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que se ve imposibilitada de realizar el pago que corresponde a la cuota de un bono cuyo vencimiento estaba programado para hoy, en el marco de las dificultades económicas que experimenta este operador del sistema Transantiago.
«Alsacia ya había efectuado una reestructuración de esta deuda en 2014, que le permitió, en su momento, superar una inminente contingencia respecto de la continuidad del servicio de transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago», afirmó la compañía.
Alsacia también apuntó contra el Ministerio de Transporte, al que responsabilizó de contravenir el contrato de concesión suscrito en diciembre de 2011.
«La compleja situación financiera de Alsacia y su relacionada Express es consecuencia del grave deterioro de sus resultados operacionales, generado por actos y omisiones del Ministerio de Transporte», enfatizó la firma.
Según la empresa, ello se refleja en la negativa de las autoridades a remediar «el constante desequilibrio económico de dicho contrato» motivado por causas como la sostenida baja en la demanda, los crecientes niveles de evasión, la falta de infraestructura pública, la creciente congestión vehicular y el extremo vandalismo que sufren los buses, entre otros aspectos.
A ello se une el «inadecuado y extemporáneo mecanismo de ajuste tarifario» y los «altos descuentos y multas» que se aplican al exigir las autoridades un plan operacional «que requiere más flota que la contratada».
«Cabe mencionar que todas estas acciones y omisiones lesionan y perjudican los legítimos derechos e intereses de inversionistas extranjeros cuyas inversiones se encuentran protegidas por tratados internacionales suscritos por Chile, lo que ya se ha notificado a la autoridad correspondiente», advirtió la empresa.
Alsacia administra 35 servicios del Transantiago, que se unen a 58 correspondientes a Express, lo que la convierte en uno de los operadores más importantes del sistema, y cuenta con capitales colombianos en su propiedad.
Entre los bonistas afectados por el no pago, vinculado a la renegociación de una deuda por más de 300 millones de dólares, incluirían a importantes bancos de Estados Unidos.
Una de las alternativas que podrían seguir al default es la posibilidad de un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
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