Para este jueves a partir de las 9:30 de la mañana estaba programada la audiencia de ampliación de plazo en la investigación del Ministerio Público en contra de los once comuneros mapuches acusados de la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en enero de 2013, y a quienes la fiscalía acusa de incendio con resultado de muerte con carácter de terrorista solicitando la pena de presidio perpetuo calificado -más de 40 años de prisión-.
Sin embargo, previo aviso de recusación por parte de la Defensoría Penal Pública, la jueza de garantía María Teresa Villagrán se inhabilitó del proceso obligando a que se reprograme la sesión en donde la defensa pediría tres meses más para recabar información sobre los hechos.
El argumento esgrimido por la defensora Manuela Royo, indica que existían dudas de la imparcialidad objetiva de la magistrado, toda vez que durante una audiencia reservada de 2013 habría emitido una opinión personal, y no argumentada en antecedentes, para autorizar la intervención telefónica de los comuneros imputados, así como de otras personas.
En la instancia, sobre la que la defensa posee registro, «la jueza señaló que no le parece mucho las interceptaciones con tanta gente, pero indica que a ella le sonarían los nombres de los imputados por lo tanto ella accede a la petición de la fiscalía», señaló Royo.
En ese sentido, añadió: «Aquello da cuenta de una cierta animadversión y parcialidad. Se lo planteamos a ella primero y de forma voluntaria accedió a inhabilitarse».
Desde el Ministerio Público, el fiscal Alberto Chiffelle consideró «absurda» la medida, asegurando que «no corresponde porque no hay un pronunciamiento de fondo ni de cuestiones formales».
Además, el persecutor indicó que «todos los jueces de garantía de Temuco han participado de esta causa -que se investiga desde 2013-, así que bajo esa causal que ellos argumentan ningún juez estaría habilitado».
Este argumento es rechazado por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía Mario Quezada, quien aseveró que «una cosa es que un juez participe y dicte una resolución, y otra es que esa resolución se base no en los antecedentes, sino que en prejuicios que demuestran imparcialidad del juzgador».
A partir de la inhabilitación de la jueza los antecedentes pasarán a la administración del tribunal para que se fije un nuevo día y hora para esta audiencia, la cual sería aprovechada por la defensa para extender en tres meses el periodo de investigación.
Desde la fiscalía ya se advirtió su negativa ante tal solicitud, afirmando creer que cualquier plazo superior a veinte días es «innecesario» y que va en perjuicio de los propios defendidos.
«Estamos en condiciones de acusar, de llevar esta causa a juicio a la brevedad y es lo que queremos», indicó Chiffille.
Con respecto a los ataque incendiarios que han afectado a iglesias de La Araucanía, el fiscal señaló, dado los panfletos encontrados en los lugares atacados, que las policías y el Ministerio Público está trabajando en vincular estos incendios con el caso.
Para este viernes esta programada una audiencia solicitada desde la defensa, en que se evaluará el estado de salud de la hoy imputada, machi Francisca Linconao (59), quien se encuentra con la medida cuatelar de prisión preventiva junto a otros nueve comuneros.
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