La Cámara de Diputados brasileña dio un triste espectáculo. Algunos diputados levantaban carteles que decían “Tchau querida”, eran los partidarios del juzgamiento del Dilma Rousseff para sacarla del gobierno, junto a su Partido de los Trabajadores. Otros, los menos, enarbolaban pancartas que proclamaban: “Fica querida”, o sea quédate Dilma. Las alocuciones de muchos parlamentarios para justificar su voto fueron bochornosas. Hacían alusión a sus creencias religiosas, a sus familiares y conocidos, incluso algunos rindieron homenaje a militares golpistas y a torturadores. Al final triunfó holgadamente la corriente acusadora.
En Brasil está en juego mucho más que la permanencia del actual gobierno. Las bases para enjuiciar a la primera mandataria son débiles. Se le imputa un maquillaje de las cifras del presupuesto nacional para aparecer con una mejor cara ante el electorado. Esta es una práctica bastante común y aunque indeseable de manera alguna permite remover a un gobierno mandatado por la mayoría de la ciudadanía.
El proceso en curso en Brasil sienta un precedente peligroso para el sistema democrático. Es improcedente que un poder de estado con un mandato directo ciudadano sea cancelado por otro. Salvo que haya cometido trasgresiones que amenazan al sistema en su conjunto. Es un recurso de última instancia cuando no hay ninguna otra opción.
No es aceptable que un presidente disuelva el Congreso como lo hizo Alberto Fujimori en el Perú en 1992. Entonces, con razón, se calificó la acción como un autogolpe. El mismo criterio aplica al Brasil donde un Parlamento, a través de un enjuiciamiento político, no judicial, busca ignorar la voluntad de más de 54 millones de brasileños que votaron por Rousseff apenas un año y medio atrás.
Algunos argumentan que Brasil está en una seria crisis económica. Cierto. Otros señalan que la popularidad de la presidenta ha llegado a un dígito. Posible. Pero con estos criterios serían muchos los gobiernos que no concluirían sus períodos constitucionales.
Independiente de los méritos de la acusación contra la presidenta, el remedio, su remoción, es mucho peor que la enfermedad. De entrada sume al país en un largo proceso de incertidumbre que como mínimo tomará medio año. Si las cosas ya son difíciles en lo social, el cambio forzado en el plano político aumentará la ya marcada polarización. Luego nada asegura que quienes asuman las riendas del poder lo harán mejor.
Tanto a Brasil, como al conjunto de la región, interesa fortalecer las instituciones. Ello pasa ante todo por el respeto de la voluntad popular en el marco de las reglas establecidas. Lo que ocurra con Dilma Rousseff reverberará en toda América Latina. Por ese cabe hacerse eco de “fica querida”… democracia.
El perfil del sucesor de Dilma
Si la acusación contra Dilma prospera en el Senado, su sucesor será el vicepresidente Michel Temer. Según las encuestas, apenas dos por ciento de la población estaría dispuesto a darle el voto en una elección presidencial y 60 por ciento pide su renuncia como vicepresidente. Además es investigado por la justicia en el marco del mega escándalo llamado “Lava Jato”, que alcanza a muchos políticos.
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