Cada día es más común poder ver en redes sociales como Facebook o Twitter, personas que denuncian de manera pública a individuos que de alguna manera vulneraron su bienestar. Fotos de ladrones que robaron celulares o computadores, de personas que no cedieron el asiento en el metro, denuncias de racismo, de acoso, de alguien que se pasó un semáforo o no respetó las leyes, entre otras. Todas ellas, en su mayoría, acompañadas de la imagen del “culpable” y otras, incluso de datos personales como el nombre, RUT, dirección, incluso teléfono o dirección de sus redes sociales.
Estos actos que para muchos hoy podrían calificarse de “justicia ciudadana”, y que son ampliamente difundidas, incluso por los medios, quizás en la práctica no podrían calificarse del todo justas, pues en estos casos hay más de un involucrado. Es por eso que bajo la presunción de inocencia que existe en el país, la cual establece que “toda persona es inocente, hasta que se demuestre lo contrario”, son varias las preguntas que surgen: ¿Qué puede hacer el denunciado al verse expuesto y juzgado públicamente por un hecho que cometió?, ¿Cómo puede defenderse en caso de ser inocente? y ¿Quién respalda que estas denuncias sean hechas de manera responsable?.
Lo que dice la Ley
El profesor Alex Pesso, Coordinador Académico del Centro de Estudio en Derecho Informático de la Facultad de Derecho U.de Chile, afirma que en primer lugar hay que decir que en este caso se aplican los delitos de injurias y calumnias en Redes Sociales tal cual como están tipificados en ellas, y por otra parte hay que distinguir qué tipo de datos se publican en internet y si cuentan o no con la autorización del titular.
«Legalmente no es un requisito efectuar una denuncia para poder emitir una opinión o realizar una publicación en una red social, pero la libertad de expresión es una garantía que debe convivir con otros derechos garantizados con el de la honra y es ahí, en esa intersección, donde se pueden producir conflictos de relevancia jurídica”, explica a Publimetro el académico. Según Pesso, existe un gran vacío en la ley actual respecto a los datos que no requieren autorización del titular para ser publicados, lo cual genera desprotección. Esto se refiere a que si alguien hizo una denuncia a través de una publicación donde adjunta datos, si demuestra que obtuvo de fuentes públicas como internet (Por ejemplo: el nombre a través de Facebook), hoy no existe ninguna autoridad administrativa que fiscalice la protección de esos datos, por lo que los reclamos serían poco eficientes.
«Las injurias dependen si se hacen en privado o con mayor publicidad. No es lo mismo hacerlo a través de un correo electrónico o hacerlo en el muro de Facebook, que tiene un carácter mayor de publicidad. La injuria, esto es, de toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona, corresponde a los Tribunales del Crimen, dado que se trata de un delito penal. La difamación en cambio, no está definida legalmente, es la divulgación, sin haber incurrido en el cuidado debido, de hechos falsos que producen efectos dañosos”, especifica.
A esto se suma el tema del anonimato, el cual dificulta la prueba y el éxito de las acciones que se puedan intentar y las fotografías que se publiquen, contenidos que los afectados pueden exigir sean bajados de manera expedita, por parte de los provedores de internet.
¿Son las Redes Sociales la vía?
Hoy existe un debate sobre el “rol” que podrían tener en esta generación las Redes Sociales y por supuesto, la respuesta por parte de la ciudadanía ante algo que consideran injusto se ha hecho presente a través de estos casos. El académico UC e Investigador de TrenDigital, Daniel Halpern, expone a Publimetro que las denuncias ciudadanas a través de estas vías pueden responder a una “respuesta natural frente a los abusos que ven las personas y la poca respuesta que encuentran por parte de las autoridades, quiénes no actúan como a ellos les gustaría”. Según Halpern, “La única respuesta que le parece legítima a las personas es denunciar a través de sus cuentas, aunque este debiera ser el último recurso a utilizar. Solo después de que se agoten las instancias tradicionales o que el propio sistema te motive a hacer algo de este tipo, debería tomarse como opción”.
El académico plantea que este es un mal uso de las Redes Sociales pues la mayoría de las veces intenta avergonzar, descargar rabia, enojo y provocar humillación a otros. Paralelo a eso, se salta procesos regulares y se abusa de ellos cuando las situaciones no se justifican. “Las personas por tratar de demostrar que tienen un comportamiento cívico, muestran todo lo contrario. Logran que sea menos cívico a punta de amenazas”, agrega.
“Me contaron el otro día de alguien que pidió un coche en el supermercado el cuál se le fue negado porque el hijo de esta persona tenía 7 años, y la normativa decía que era para niños de hasta 5 años. Frente a esto, la persona amenazó al trabajador diciéndole que le sacaría una foto, la subiría a Facebook y todos sabrían lo que habría hecho. Ante esto yo me pregunto, ¿Quién está mal? ¿El que sigue la normativa y órdenes de su trabajo, o el que amenaza porque no le gusta la normativa? La gente por creer que tiene la razón, utiliza de mala manera las Redes Sociales para plantear su punto, y de paso, como método para crucificar y humillar a otro”, explica el profesor.
Por último, Halpern encuentra necesario aclarar que las Redes Sociales no tienen un rol social, como sí podrían tenerlo los medios de comunicación. “Quizás pueden ayudar a mejorar el mundo, o hacerlo más transparente. Pueden ayudar a generar recursos en la Prensa, pero al fin y al cabo no se les puede asignar un rol altruista, porque los desarrolladores de las redes sociales no trabajan gratis, no buscan hacer el bien o dar un espacio para hacerlo, solo buscan ganar recursos. Estas se prestan para esconderse en el anonimato, para no enfrentarse cara a cara. No puedo linchar a alguien por ellas y decir que es algo cívico, lo cívico es usar los sistemas que entrega el país”, remata.
¿Cómo defenderse?
El comisario Alfonso Díaz, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, expone a Publimetro que «es poco común que alguien imputado de un delito, o una falta, coloque una denuncia ante alguien que haya hecho público su caso. Sin embargo, existe la alternativa de poder interponer un recurso de persecusión penal normal». El comisario afirma que hay que tener cuidado a la hora de exponer una «funa» en Redes Sociales, donde se expone a la opinión pública ciertos datos personales, pues sin quererlo, quien denuncia también comete un delito de acción penal privada que sería catalogado de injuria o calumnia.
«Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por lo que hay que tener cuidado pues la Ley podría determinar finalmente que el denunciado no tiene ninguna responsabilidad. Es el Tribunal quién finalmente determinara quién es responsable», agrega.
Además Díaz afirma que la vía recomendable es «no tomarse la justicia por sus propias manos haciendo público el caso en internet», sino que se debe presentar una querella -asesorado por un abogado- antes un juzgado, donde el juez podrá ordenar la investigación, sin necesidad de pasar por el Ministerio Público.
Finalmente también agrega que en la Brigada del Cibercrimen reciben constantemente correos en guardia@cibercrimen.cl donde personas que se enfrenten a este tipo de situaciones, pueden recibir asesoría sobre cómo actuar en estos casos.
PB/MC
