La diputada Ana María Gazmuri llevó a su cuenta de X (ex Twitter) una denuncia sobre el accionar del Gobierno de ultraderecha de Kast sobre la Ley Karin. La parlamentaria mostró un oficio, el cual da a conocer el retiro de una modificación hecha por la administración anterior sobre los procedimientos de investigación cuando se recurre a esta ley.
“Gravísimo retroceso. El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”, escribió la diputada.
En el oficio realizado el 25 de marzo se indica que “vengo a retirar del trámite de toma de razón el Decreto N° 10, de 05 de marzo 2026, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que modifica el decreto N° 21 de 2024, que Aprueba Reglamento que establece las Directrices a las cuales deberán ajustarse los procedimientos de Investigación de Acoso Sexual, Laboral o de Violencia en el Trabajo“.
El escrito estaba firmado por la jefa de la División jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, Ximena Contreras Serrano, y estaba dirigido a la Contralora General de la República.
Respuesta del Gobierno
Producto de esta denuncia de Gazmuri, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende fue consultado por La Tercera, a quienes indicó que “aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación. Lo que estamos haciendo es revisar un decreto ingresado en los últimos días del Gobierno anterior, para asegurar un nuevo reglamento cuya implementación sea efectiva y realmente proteja a las personas”.
“Este proceso lo estamos llevando adelante recogiendo la experiencia y el análisis de distintos actores, tanto del mundo de los trabajadores como de los empleadores y de otras organizaciones relevantes”, agregó.
Él ratificó su compromiso del Ejecutivo para avanzar en una “nueva propuesta que respete y promueva de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas y asegurando una correcta implementación de la normativa”.