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La Cámara de Diputados aprobó hoy, por la unanimidad de los 102 congresistas presentes en la sala, el informe final de las comisiones Caval I y II, instancias que investigaron las implicaciones de un millonario negocio inmobiliario efectuado en Machalí por la firma en que es socia, Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.
En la página 215 del documento, entre las principales conclusiones se destacan las referidas a la falta de colaboración de los involucrados en el caso, en la investigación de la comisión; que la firma Caval es, básicamente, una empresa dedicada al lobby; y que en el caso del negocio inmobiliario de los terrenos en Machalí hubo tráfico de influencias.
Asimismo, se aprobó que el texto que dice que la Municipalidad de Machalí no estuvo a la altura de las circunstancias en sus gestiones en la cuestionada comercialización de los terrenos en la comuna; también que se pone en duda la existencia del cargo de Director Sociocultural de La Moneda, ocupado por Sebastián Dávalos Bachelet, y además se se censura la permanencia de Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República.
Respecto de la falta de colaboración de los involucrados en el caso, en la investigación desarrollada por las dos etapas de la comisión, el informe plantea que “la poca colaboración de los particulares, sin obligación de comparecer, ha dificultado abordar aspectos sustanciales de esta investigación en particular. La dificultad no se acaba allí, puesto que tampoco los ex funcionarios públicos asistieron, aún cuando se trataba de dar explicaciones sobre hechos ocurridos durante el ejercicio de sus cargos, lo que aparece a toda luz inadmisible”.
En relación a la conclusión de que la firma Caval es, básicamente, una empresa dedicada al lobby, el texto sostiene que “más que ser una empresa con un giro y experticia en particular, o con un currículo y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones curriculares y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político- públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares, abocadas a tareas parecidas”.
En lo referido a que en el caso del negocio inmobiliario de los terrenos en Machalí hubo tráfico de influencias, el informe plantea que “las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de la señora Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y del señor Andrónico Luksic”.
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En el punto que sostiene la opinión de que la Municipalidad de Machalí no estuvo a la altura de las circunstancias en sus gestiones en la cuestionada comercialización de los terrenos en la comuna, el documento afirma que “no se cumplió con todos los mecanismos de control preventivos que pudieran impedir la situación. La excusa del alcalde en torno a que la cantidad de oficios que firma al día impiden analizar uno a uno, no fue admitida por la comisión”.
El cuestionamiento de la existencia del cargo de Director Sociocultural de La Moneda, ocupado por Sebastián Dávalos Bachelet se sustenta en el planteamiento de que “no se condice con los tiempos actuales de la Administración Pública la existencia de estas fundaciones que, en la mayoría de las veces replican responsabilidades y actividades desarrolladas por otros órganos del Estado”.
Finalmente, la censura a la permanencia de Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República se fundamenta en el “nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del señor Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la Comisión Investigadora y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia”-.
Por lo mismo, acusan que estas situaciones “están revestidas de la mayor gravedad considerando la alta investidura del funcionario en cuestión, a lo que se añade su responsabilidad como jefatura administrativa en el borrado del computador del entonces Director Sociocultural de la Moneda y la omisión de dicha información al ministro Secretario General de Gobierno”.
PUB/JLM
