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Con la concreción de la gratuidad en educación superior, aún son varias las dudas e incertidumbres que circulan en torno al financiamiento. Una de ellas es cómo, efectivamente, se va a financiar la diferencia entre los aranceles reales que establecen las instituciones públicas y privadas acreditadas, y los aranceles de referencia. Algunos plantean que se va a producir un déficit importante que tendrán que asumir las instituciones y que esos recursos serán compensados por el Estado a través de fondos para otras áreas de desarrollo de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Lo primero que aclara Mathias Gómez, vocero de Educación 2020, es que “esa diferencia que antes se daba entre el arancel referencial y el real, la tenía que asumir el alumno y con el proyecto de gratuidad ya no se enfrenta a eso, por lo que ahí ya tenemos un cambio positivo”.
Agrega que desde ahora lo que va a funcionar es un “arancel regulado” para instituciones que tengan los mismos años de acreditación. “Se calcula el promedio por grupos de carrera de los aranceles de referencia. Por ejemplo, la U. de Chile y la UC tienen el mismo tiempo de acreditación (7 años), entonces los aranceles de referencia de carreras relacionadas como las ingenieras, las medicinas se van a promediar, creando este arancel regulado que va a ser lo que el Estado va a entregar a las instituciones”.
Como los aranceles de referencia son por lo general más bajos que los aranceles reales, se habla de un déficit en el financiamiento de la gratuidad y Gómez plantea que “según las conversaciones más directas entre el Gobierno y las instituciones, existe el compromiso de financiar este déficit por otras vías, compensándolo con más recursos para investigación, para extensión o la vinculación de las instituciones con la comunidad estudiantil”.
Para el integrante de la comisión de Educación de la Cámara de Dictados, Felipe Kast, antes de que se diera este escenario “la mejor fórmula era haber optado por un financiamiento más completo del arancel real, pero con una lógica donde los estudiantes puedan devolver solidariamente (estos recursos) a través de un impuesto de graduación (…) y eso habría corregido la distorción de estar discutiendo la fijación de precios”.
Esto porque, a juicio del presidente de Evópoli, la fijación de precios genera que las instituciones de peor calidad puedan quedar en una situación más ventajosa que las que tienen mejor calidad y que inventen más en investigación. “Es necesario diferenciar la docencia de la investigación, y que por lo tanto se financie la investigación y se separen esos dos mundos, donde haya una lógica de arancel docente, independiente de lo que se destine a investigación”, acota Kast, y concliye que “de lo contrario las universidades se vana terminar desfinanciando y eso va a afectar la calidad, y finalmente el remedio puede ser peor que la enfermedad”.
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Para el diputado Giorgio Jackson, también integrante de la comisión, ”lo que se hace con esta ley, es que primero se recalcula el arancel de referencia, para que sea más realista, pero luego la diferencia por sobre eso la financia la institución, con aportes basales que les da el Estado, los aranceles y otros fondos, o bajando sus costos”.
El diputado y líder de Revolución Democrática agrega que desde su perspectiva cree que «el arancel es una mala forma de medir el costo de dar una buena educación: un estudiante más en una sala no cuesta lo mismo cuando uno ya tiene 50 estudiantes ahí mismo». Por lo mismo, concluye que «lo que hay que financiar es el costo real de educar: los docentes y académicos, la infraestructura, la investigación. Eso es lo que tiene que financiar un sistema gratuito y de calidad»
