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En el marco de la inauguración del Mes del Mar en Punta Arenas, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, conformó que no apelará al reciente fallo del Consejo para la Transparencia, en el que se solicita la entrega del texto de la Ley Reservada del Cobre.
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«El Consejo para la Transparencia dictó un fallo en el cual establece que todos los artículos, excepto el tercero, son públicos y hemos decidido no apelar para los efectos de que esa ley sea conocida por todos los chilenos», señaló el ministro.
Con esta decisión, el ministro espera que «podamos, de alguna manera, tener tranquilidad de que lo que se está haciendo en el ámbito de la Defensa va encaminado a lo que es nuestro sector, que es asegurar a los chilenos paz, tranquilidad, y que nuestra soberanía esté realmente protegida».
Por otra parte, el secretario de Estado anuncio el ingreso durante el segundo semestre de este año de una indicación al proyecto de ley que trata sobre el financiamiento de las Fuerzas Armadas.
Explicó que el objetivo es «mantener las capacidades que hoy día conocemos en la Armada, en el Ejército, en la Fuerza Aérea. Estamos trabajando para tener una ley que sea transparente, asegure recursos y que sea conocido cómo se invierte».
Sobre el caso del ex comandante en Jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, dijo que «los hechos denunciados están en conocimiento tanto de los tribunales como del Ministerio Público».
Agergó que «nuestra actitud ha sido de total transparencia y absoluta rapidez en la entrega de antecedentes que se nos solicite a través de los ámbitos de la investigación junto con establecer mayores sistemas de control».
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«Estamos hablando de hechos pasados y esperamos que nuestros controles eviten situaciones hacia el futuro», puntualizó.
Al ser consultado por un aumento en las fiscalizaciones y rigurosidad en el uso de recursos de la Ley Reservada del Cobre el ministro Gómez señaló que desde el Ministerio de Defensa se han establecido sistemas de fiscalización y entrega oportuna de antecedentes.
«Hemos tomado la decisión hace un año atrás (…) de establecer sistemas de fiscalización, de entrega de antecedentes lo más rápidamente posible, con total transparencia y en estos casos en particular, hacerlo con prontitud para que la justicia pueda finalmente determinar si existen o no ilícitos», señaló.
Respecto de eventuales responsabilidades de parte de oficiales de alto mando por irregularidades en el uso de recursos de la ley del cobre, aseguró tanto el Ministerio de Defensa como el Ejército entregarán la información que sea requerida por las instancias judiciales.
«Cualquier información que tengamos nosotros que recabar, tanto del Ministerio de Defensa, como de la institución, en este caso el Ejército, va a ser entregada con esa idea, que se investigue en profundidad, se busque la verdad y si hay delitos se apliquen las sanciones que correspondan», enfatizó.
PUB/CM
