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El Centro de Estudios de la Universidad San Sebastián realizó un sondeo de opinión pública, vía telefónica, aleatorio, y representativo de la Región Metropolitana, a 287 personas mayores de 18 años, quienes se refirieron a sus expectativas a un día de la resolución que adoptará la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo interpuesto por el país altiplánico.
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El objetivo apuntó a recoger la percepción ciudadana en torno a la discusión circundante en los alcances del pronunciamiento técnico jurídico.
Ante la consulta “¿Cree que el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia favorecerá a Chile?”, un 77% de los encuestados piensa que mañana jueves 24 de septiembre la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallará a favor de Chile, mientras que sólo un 23% opina que la resolución no favorecerá los intereses de la Cancillería chilena.
Posteriormente, ante la pregunta “En el caso de fallar a favor de Chile, ¿Cree que el gobierno Boliviano respete la decisión de la corte de La Haya?”, un 66% de los encuestados que considera que el fallo será favorable, asevera que La Paz no acatará el fallo de la CIJ.
Contexto político
Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián, consideró que “si bien es cierto que la mayoría de estos estudios han simplificado las preguntas a un análisis de percepciones, resulta importante considerarlas en virtud que son representativas de una opinión social no docta en la materia. De esta forma, y a partir del estudio que realizó la USS, asumir que un 77% de los encuestados confía en un triunfo de la postura nacional, no sólo origina un análisis desde el punto de vista sociológico a partir de consideraciones nacionalistas, sino que también desde el punto de vista político, especialmente, si se consideran las condicionantes y los efectos políticos que generaría un eventual fallo negativo.”
El experto contextualizó en que “en nuestro país, y a partir de distintos sondeos elaborados en función de lo que será el fallo que emitirá La Corte Internacional de Justicia, se ha esbozado una suerte de confianza generalizada en que el Alto Tribunal validará la posición que defiende nuestro país y que refiere a determinar que La Corte no tiene la competencia para conocer de la demanda boliviana; decisión que de cumplirse sepultaría cualquier aspiración del país altiplánico por judicializar, ante la misma Corte, su reivindicación marítima”.
El cientista político concluyó en que “es por ello que me permito señalar que ha faltado prudencia por parte de la clase política nacional al fomentar un optimismo social que ha llevado a invisibilizar los méritos jurídicos de la demanda boliviana, lo que se ha hecho a fin de generar un punto de encuentro con una ciudadanía que le es lejana a partir del contexto político de desconfianza que hoy se vive en nuestro país”.
De acuerdo a Díaz, “otro puntos a considerar es la desconfianza que tiene aquella ciudadanía nacional, creyente en un fallo favorable para nuestro país, de la actitud que tendrá Bolivia en caso que se les presente una sentencia negativa a su reivindicación marítima. Razones para explicar esto hay varias, entre las que identifico el hecho que gran parte de este grupo de personas ha asumido como válida la posición que ha esbozado la clase política nacional respecto a que la demanda boliviana es una creación artificiosa y que responde a intereses políticos. Y a odiosidades históricas en contra de nuestro país, características que se mantendrán en el tiempo en función de asumirse a la reivindicación como un derecho irrenunciable”.
El analista concluyó que “ante ello, se puede inferir que el mensaje y los intereses políticos respecto a la demanda boliviana se ha contaminado con un nacionalismo mal entendido, ayudando a subjetivar cualquier tipo de análisis que hace la sociedad nacional no informada a fondo con los elementos de derecho del caso”.
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