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En relación al escenario mediático que genera la llegada de la Teletón por estos días, el director del Servicio Nacional de la Discapacidad analiza con Publimetro la realidad que viven los discapacitados chilenos, respecto de la infraestructura de nuestro país para esta parte de la población, los avances en esta materia y las importante tareas pendientes que nos quedan por hacer, detacando que ésta es una misión que tenemos todos como sociedad y que las iniciativas que emanen de los organismos responsables deben trascender los gobiernos y ser tomadas como políticas de Estado.
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Respecto de la realidad que viven las personas discapacitadas en nuestro país, ¿en qué con consiste el principio de Accesibilidad de Diseño Universal?
Esto se enmarca dentro de los compromisos que suscribió nuestro país el año 2008 en la Convención Internacional sobre Derechos para Personas con Discapacidad organizada por ONU. En ese instante Chile adhiere a una serie de compromisos claros y precisos, que son responsabilidad tanto del sector público como privado. Hoy tenemos una obligación con ello.
Y esos compromisos, ¿se respetan y comienzan a aplicar a partir de esta convención?
Luego de esto, el año 2010 se promulga la Ley 20.422 que establece obligaciones sobre accesibilidad e inclusión social. Esta ley establece un plazo de nueve meses para la promulgación de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que incluye todas estas variables de accesibilidad, pero en detalle, como porcentaje de pendientes en las rampas, ascensores con sistema braille, anchos de puertas, distancias en los pasillos, entre otros.
La modificación tardó cuatro años. Recién logramos ahora con el Minvu poder incorporar a consulta ciudadana estas modificaciones que garantizan la accesibilidad, que fueron propuestas por Senadis. Se terminó el plazo de consulta y ahora están siendo analizadas por nuestro equipo en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
O sea que ¿Sin esta ordenanza es difícil lograr cambios reales en accesibilidad e inclusión?
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Esta modificación a la Ordenanza es sustantiva porque muchas direcciones de obras municipales, que les corresponde fiscalizar los proyectos como los planes de ejecuciones de obras, requieren tener herramientas técnicas precisas. No obstante lo anterior, nuestra propia ley (20.422) señala que independiente de la generación de estos reglamentos, el espíritu de la ley en torno a garantizar el principio de accesibilidad e inclusión debe ser respetado. Eso hoy no ocurre en nuestro país y no tenemos ninguna comuna que sea 100% accesible. La convención establece autonomía y vida independiente, sin asistencia de otras personas.
¿En qué proceso está, es decir, cuándo se promulga esta Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones?
Yo creo que debería salir a entre diciembre y enero porque ya estamos en la última fase. Pero, independiente de esta ordenanza, la Convención de 2008 plantea que el compromiso suscrito por Chile comienza a correr desde ese entonces. Por lo que hoy día, cuando cualquier persona con alguna discapacidad siente vulnerados sus derechos, el acceso a algún servicio público o privado, perfectamente podría presentar una denuncia por discriminación arbitraria, al no garantizarse su accesibilidad al espacio.
¿Quienes son las instituciones encargadas de velar porque estas normas de accesibilidad que se suscribieron en la convención de 2008 sean respetadas, y que en definitiva no lo han hecho?
En primer lugar el Minvu, porque tenían una responsabilidad extraordinaria de despachar este reglamento en nueve meses. En segundo lugar, las direcciones de obras municipales, que deben conocer la convención y tienen el deber de ir avanzando en la adaptación de sus instrumentos. Hoy los municipios no son inclusivos. Se requiere que los departamento de obras logren promover dentro de los diseños que sean accesibles, porque toda aquella edificación que hoy no se estñé diseñando pensando de manera accesible, en el futuro va a tener que ser modificada, va a tener que adaptarse y en definitiva eso va a ser más caro.
¿Alguna otra institución fiscalizadora?
Nos hemos dado cuenta que falta un órgano rector que lleve a cabo la fiscalización y aplicación de todas estas disposiciones. Es por esto que se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para creación de una Subsecretaría para la Discapacidad, que tenga facultades claras en torno a fiscalizar no solo los temas de accesibilidad, sino todo lo relacionado a los temas de la discapacidad.
¿En qué está ese proyecto de ley?
Durante diciembre debería ingresar a la Dipres (Direcciópn de Presupuestos) y a la Segegob (Secretaría General de Gobierno) para su último análisis y durante enero o febrero debería ser despachado al congreso para su discusión parlamentaria.
¿Cuáles son las iniciativas que han emanado desde el SENADIS para generar mayores condiciones de igualdad con los discapacitados?
Siendo muy honesto, hay que decir que la discapacidad no ha sido un tema prioritario en los últimos años, independiente de los gobiernos, porque esto no responde a un partido, esto es un tema país.
En qué se expresa esta falta de compromiso, por ejemplo, en que el año 2004 fue la última vez que se realizó un estudio nacional de discapacidad. O sea que hace 10 años que no tenemos información actual sobre esta realidad. La Presidenta nos ha encargado la tarea de actualizar la información y para eso estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial, el INE y otros organismos nacionales e internacionales en el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, que debería estar disponible el próximo año.
También está el tema de la Subsecretaría para la Discapacidad, pero junto con esos hemos elaborado tres nuevos programas y uno de esos tiene que ver con espacios públicos accesibles, poder tener recursos donde nosotros asesoramos a las empresas e instituciones públicas o privadas que quieran ser accesibles.
Más allá de las convenciones internacionales, los cambios institucionales y los proyectos de ley que se puedan presentar, lo que se necesita entonces es un cambio cultural.
Está claro. La falta de accesibilidad, la falta de inclusión tiene que ser algo que como sociedad todos rechacemos. Cuando hay vulneración de derechos nos debe indignar a todos, no solo al círculo cercano del afectado. Esto tiene que ver con concebir donde todas las personas somos considerados como iguales.
¿Cómo es la realidad que se vive en otras ciudades del país?
Las ciudades son muy agresivas, no hay otro concepto. Si las barreras que tenemos como sociedad en las zonas urbanas son impactantes, imagínate en las zonas rurales. Si en muchas partes ni siquiera existen veredas mucho menos pensar en una rampa. Se relega a los discapacitados a la marginación social en muchas partes de Chile. La discapacidad aparece cuando no somos capaces de derribar las barrera culturales, pero también físicas.
¿Qué opinión te merece la Teletón, respecto del rol que tiene que cumplir el Estado en esta materia?
El aporte de Teletón ha sido extraordinario, nosotros la apoyamos y lo seguiremos haciendo. Pero hoy nos enfrentamos a un enfoque de Derechos Humanos que nos exige otras características. Claramente Teletón hace un esfuerzo extraordinario, pero que no logra reemplazar las acciones que como Estado debemos desarrollar en el área de la inclusión y accesibilidad de las personas discapacitadas. Hemos hecho un ejercicio bastante peverso, hemos dicho que somos un país inclusivo cuando no lo somos. Chile sigue siendo tremendamente excluyente y los esfuerzos que tenemos que hacer deben durar más de 27 horas.
