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El pleno de la Corte Suprema declaró admisible el requerimiento de desafuero contra el senador UDI Jaime Orpis, en el marco del caso Corpesca, presentando el viernes pasado por el fiscal nacional Sabas Chahuán.
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En el requerimiento se solicita desaforar al parlamentario, con el objetivo de poder formular cargos en su contra en el marco de la indagatoria por presunto cohecho, fraude al fisco y lavado de activos.
Dada la gravedad de los supuestos delitos, la Fiscalía Nacional solicitaría medidas cautelares gravosos, como la prisión preventiva.
En los próximos días, el tribunal fijará fecha y hora para los alegatos. En caso de que acceda a la solicitud, Orpis podría recurrir a la Corte Suprema.
En un escrito de 51 páginas, el fiscal nacional solicitó el desafuero de Orpis por tres supuestos delitos: cohecho reiterado, lavado de activos y fraude al fisco.
Según el fiscal nacional, este último delito lo habría cometido el parlamentario al usar las asignaciones del Senado para contratar profesionales, pero pagándoles sólo una parte de dichas asignaciones. Por esta vía se habría quedado con 71 millones de pesos.
Precisamente esta última circunstancia daría pie para imputarle el delito de lavado de activos, ya que según el fiscal, a través de esta maniobras, ocultó el pago ilícito de estos dineros.
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En cuanto al supuesto cohecho, este tendría relación con la participación del senador Orpis en la votación de la Ley de Pesca.
La investigación a Orpis comenzó cuando el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, declaró en mayo pasado ante la fiscalía que al senador UDI se le pagó una suma mensual con cargo a boletas de servicios de terceros. El total de estos aportes llegaría a los 230 millones.
Según Mujica, al senador Orpis se le entregaron recursos mensuales para su campaña senatorial de 2009 y también en 2010, tras ser electo, debido a que la campaña lo había dejado con un “importante déficit económico”, por lo cual solicitó ayuda.
Sin embargo, los aportes habrían continuado hasta el 2013, por montos de $2 millones mensuales, aunque también se han detectado traspasos por hasta $10 millones. La investigación está bajo reserva.
La fiscalía sostiene que los montos se habrían entregado “a cambio de favorecer los intereses” de la empresa a través de su labor parlamentaria, lo que constituiría cohecho.
En el requerimiento se citan una serie de acciones y votaciones, donde el senador actúa de acuerdo a las “pretensiones” de la empresa y plantea opiniones de la firma como si fueran “personales” en el marco de la tramitación de la ley de pesca.
Sabas Chahuán asumió la investigación del caso Corpesca en junio pasado, que hasta ese momento era llevado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
Chahuán tomó la medida en consideración de que el entonces fiscal metropolitano Oriente, Alberto Ayala, había trabajado en Corpesca.
Orpis se encuentra con licencia médica debido a un infarto que sufrió a principios de agosto.
Sabas Chahuán dejará el cargo el próximo 1 de diciembre y al día siguiente asumirá Jorge Abbott.
PUB/VJ
