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Este 24 de septiembre la Corte internacional de Justicia (CIJ) de La Haya realizará su primer pronunciamiento sobre la demanda marítima interpuesta por Bolivia sobre Chile. En esta ocasión, el Tribunal se pronunciará sobre su competencia en el proceso judicial y si asegura que no tiene jurisdicción, el juicio se anularía y Bolivia perdería la posibilidad de acceder al mar.
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Pensando en ese escenario, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, aseguró al diario La Razón de ese país que están barajando otras alternativas para pedir una salida marítima por Chile.
Una de ellas sería “la diplomacia de los pueblos y otras opciones que se derivan del incumplimiento del Tratado de 1904”, según indicó el ministro Quintana, lo cual permitiría a Bolivia interponer otra demanda en la CIJ de La Haya, diferente a la analizada actualmente por el Tribunal.
Cabe mencionar que en agosto pasado también acusó a Chile de estar rompiendo ese tratado en cinco puntos y, a causa de lo anterior, también lo acusó de romper la Convención sobre Tránsito (1937) de Arica.
El tratado de 1904 indica que la mercadería destinada a Bolivia que llegan al puerto de Arica tiene derecho a libre tránsito cuando se dirige a ese país andino. Sin embargo, en agosto pasado las autoridades portuarias de Bolivia acusaron a Chile de romper ese acuerdo.
Los puntos en los que Chile violaría el tratado son el escaneo de la mercadería boliviana en tránsito para la exportación, la inspección de mercancía en tránsito para exportación, la desconsolidación de la mercadería para su posterior envío a un “extrapuerto” (determinar de quién es la propiedad de los productos y, por lo mismo, enviarlos a otro puerto al que llegaron), la obligatoriedad de utilizar transporte chileno para ir a la zona extraportuaria y el uso arbitrario de categorías como “carga dificultosa” o “carga compleja” para justificar la desconsolidación.
A causa de lo anterior, se rompería la Convención de Arica de 1937 que habla sobre el tránsito de la mercadería boliviana desde el puerto chileno a ese país.
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Estas acusaciones podrían ser terreno fértil para gestar una nueva acusación de Bolivia a Chile ante La Haya.
No obstante, si el pronunciamiento de la CIJ determina la finalización de la demanda boliviana, Chile podría optar por retirarse del Pacto de Bogotá (1948) que obliga al país a dirimir en La Haya los problemas de límites y violación de acuerdos internacionales (ver nota asociada). Si ese fuera el caso, Bolivia debería analizar opciones que fueran más allá de la jurisdicción de ese tribunal.
