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El caso Caval está entrando en una nueva etapa: se están definiendo responsabilidades, alcances a otras aristas como el área tributaria y los eventuales montos de perjuicio fiscal que habría provocado esto. En esta última arista, el SII ya interpuso una querella por presuntos delitos tributarios donde se cifró el perjuicio fiscal en al menos $305 millones.
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Así al menos lo informa La Tercera, medio que asegura que además que la acción legal identifica a seis personas a quienes se les acusa de cometer delitos tributarios.
Según este medio, el SII identifica a Mauricio Valero y Natalia Compagnon, los dueños de Caval, como “autores del delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 97, Nº4 del Código Tributario”. Con ello, se estaría además cometiendo una práctica ilegal para disminuir el pago de impuestos.
El organismo recaudador habría identificado que los eventuales delitos cometidos por Caval habrían provocado un gasto fiscal por $106 millones.
Sin embargo, el SII también suma como daño fiscal el eventual delito cometido por “omisión maliciosa de ingresos”, donde el principal imputado es el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín. quien es su calidad de persona natural, había ocultado el ingreso de $42 millones.
Con este último método, además, se habrían ocultado ganancias de $157 millones percibidos por Wisner S.A., que es de propiedad de ese síndico de quiebras.
Sumando todo lo anterior, es que el SII cifra el daño fiscal total del caso en $305 millones.
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Cabe mencionar que entre las personas que también se indican como colaboradores de eventuales delitos, se encuentra Juan Díaz Sepúlveda, ex operador de la UDI; Juan Díaz “El Gatito”, el gestor inmobiliario de Caval; y dos representantes legales de Lo Beltrán, una empresa que permitió eludir el pago de impuestos de Caval mediante la entrega de facturas por trabajos nunca realizados. Estos últimos son Patricio Cordero y Paulina Besserer.
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