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Mediante un comunicado, la Armada de Chile entregó detalles del polémico vertimiento de salmones realizado en la región de los Lagos, al que los pescadores de Chiloé responsabilizan por la mortandad de recursos pesqueros en la zona.
Un informe técnico publicado por radio Bío Bío, otorga detalles del procedimiento, asegurando la existencia de un procedimiento y la fiscalización del mismo por parte de la autoridad marítima y de Sernapesca.
Según el denominado «Informe Técnico de Vertimiento», la mortandad de salmones en los centros de cultivo de las regiones de Biobío y los Lagos, que afectó a más de treinta millones de unidades, impulsó a las empresas acuícolas a solicitar planes de contingencia que garanticen la eliminación de los ejemplares «resguardando los aspectos ambientales, sanitarios y la seguridad de las personas, por el alto riesgo de exposición al ácido sulfhídrico resultante de la putrefacción de los desechos de pescado».
La solicitud, explica, fue generada por la incapacidad de las plantas procesadoras locales y el nulo espacio en vertederos, y según explican, se apegó a procesos de evaluación establecidos por el Convenio y Protocolo de Londres.
Entre los pasos a cumplir se encuentra el estudio de desechos, el que según afirma la Armada, señaló que estos correspondían a carne de pescado, proteína desnaturalizada, aceite y grasas. «Conforme a lo informado por la autoridad pesquera, esta mortalidad no fue tratada con ningún agente químico (ensilaje u otros)», indica.
La acción calificada de «último recurso» se realiza ante «los posibles efectos y riesgos para la salud humana que significaba la presencia de niveles elevados de ácido sulfhídrico resultantes de la descomposición del desecho de pescado, fueron evaluados y considerados en el proceso de tomada de decisión».
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«Por otra parte, en coordinación con Sernapesca y subsecretaria del ramo, se evaluó el lugar de vertimiento, tomando en consideración sus características oceanográficas y geográficas, como así también prácticas de actividades extractivas en el sector, resolviendo establecer un área de vertimiento mar adentro a 75 millas náuticas (135 kilómetros) de Punta Corona, en la región de los Lagos».
El informe añade: «Dentro del permiso de vertimiento otorgado, se establecieron diversas condiciones relacionadas al régimen y frecuencia de vertimientos; velocidad mínima y distribución dentro del área, medidas que han sido fiscalizadas por distintas capacidades de la Armada de Chile».
Instrucciones que habrían sido informadas a los capitanes de las naves.
Con respecto a la inspección del proceso, la Armada de Chile asegura haber conducido «exploraciones aéreas», con el objetivo de «verificar en terreno las medidas y condiciones del vertimiento».
Por su parte, «el Servicio Nacional de Pesca, en tanto, estableció la exigencia del embarco de observadores/veedores a bordo de todas en las naves participantes, para registrar los aspectos relevantes de las operaciones».
Por último, el citado informe, asegura: «La autoridad marítima desde el inicio de esta contingencia ha mantenido permanente contacto con el sector acuícola, autoridades pesqueras y políticas, tanto a nivel nacional como regional, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente, a fin de resguardar la seguridad de la vida humana en el mar y el medio ambiente acuático», finaliza.
PUB/SVM
